La Cámara Chilena de la Construcción (CChC) hizo un llamado al Gobierno para mejorar el tratamiento burocrático de los proyectos de construcción.
El emplazamiento surge tras conocerse un diagnóstico de las trabas administrativas que enfrentan los proyectos de construcción, y que la CChC calificó como una contribución a la inversión, que es un aspecto clave para la reactivación económica, el empleo y la recaudación fiscal.
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La gerenta general del gremio, Paula Urenda, valoró las acciones que ha adoptado el Gobierno para buscar soluciones a las dificultades provocadas por la contingencia nacional e internacional.
Según dijo «ahora queremos aportar nuestra mirada para abordar una problemática que no responde a la coyuntura, sino que se arrastra por años: las trabas o ‘nudos críticos’ que se encuentran las iniciativas de inversión para ser aprobadas y ejecutarse«, según consigna radio Agricultura.
Dificultades para la industria
Por su parte, el vicepresidente de la CChC, Carlos Zeppelin, comentó que estas dificultades «están presentes en las diferentes etapas de los proyectos (planificación, diseño, adjudicación, permisos y construcción) y provocan retrasos, mayores costos, controversias y judicialización, además de daños a las empresas y al interés público».
«Las personas y el país necesitan las obras de construcción. Pero algunos elementos de la institucionalidad, en especial el sistema de contratación pública, hacen que sea cada vez más difícil que se puedan realizar. Es urgente que el Estado genere un nuevo trato para los proyectos de construcción o las iniciativas privadas serán cada vez menos y, las públicas, más caras», sostuvo el presidente de la CChC Antonio Errázuriz.
Incertidumbre es clave
Consultado al respecto, Iván Muñoz, Gerente General de Urbano Proyectos, estimó que «una de las grandes razones de las demoras e incertidumbre en los permisos de obras de los proyectos inmobiliarios es la descoordinación que existe entre los ministerios de Vivienda, Obras Públicas y Medio Ambiente».
Muñoz afirmó que «este último incluyó la participación ciudadana como parte del proceso productivo, pero en una etapa muy tardía, lo que hace que los vecinos puedan rechazar y/o judicializar los proyectos, con una probabilidad muy baja de avanzar».
«Este proceso de consulta debería ser aplicada en forma anticipada a los proyectos para darles mayor certeza», aseguró el ejecutivo.
Principales ‘nudos críticos’
Para Zeppelin «los problemas parten por una escasa planificación y la baja calidad del diseño de los proyectos. En Chile se invierte en esto último cinco a siete veces menos que en países referentes, lo que en parte explica, por ejemplo, el alto porcentaje de modificaciones y de controversias que registran los contratos de obras públicas».
En la etapa de adjudicación, cobran relevancia los reglamentos de inversión de obra pública. «En general, dejan muchos espacios para interpretaciones, traspasan riesgos excesivos a los contratistas y provocan retrasos y sobrecostos», argumentó el dirigente.
Respecto de la tramitación y obtención de permisos, la situación se ve compleja. Esto porque la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad identificó 400 permisos distintos, otorgados por 50 instituciones públicas, que podrían ser necesarios para desarrollar un proyecto de construcción, a lo que se agrega que su tramitación no necesariamente cumple con los plazos establecidos en la ley.
A modo de ejemplo mencionó que actualmente hay cerca de 22.000 viviendas sociales que corren el riesgo de no poder ejecutarse por dificultades para obtener sus respectivos Informes de Mitigación de Impacto Vial (IMIV).
Sin embargo, cuando el proyecto se está construyendo, las trabas no son menores, fundamentalmente por severos retrasos asociados a expropiaciones, traslado de servicios (gas, electricidad, agua, telecomunicaciones) y rescate de hallazgos arqueológicos. Estos últimos incluso pueden tardar años.
«Si a todo esto se suma la práctica de algunos organismos públicos de no recibir ni cancelar obras ya terminadas, no es raro que nuestra industria lo pase mal cuando se producen crisis», sentenció Carlos Zeppelin.
Reajustes de contratos con el MOP
Respecto al anuncio realizado por el Ministerio de Obras Públicas (MOP), que considera reajustes a contratos vigentes que mantienen distintas constructoras con la cartera, Zeppelin sostuvo que «esta medida va a resolver el problema de 1.400 obras. Son contratos que no tenían reajuste, y tener aunque sea un tope de 20%, va a permitir rescatar mucho de estas empresas».
«Hay varias empresas que quieren terminar sus obras, saben que van a terminar con alguna pérdida, pero van a poder finalizar lo avanzado. Es una buena medida, pero solo el 50% de la inversión es por el MOP, y estamos buscando trabajar en lo restante, con el Serviu y los Gobiernos Regionales», agregó.
Posibles soluciones
«Crear un clima y una institucionalidad propicios para el desarrollo de proyectos de inversión y para mejor la productividad de la construcción requiere de un trabajo conjunto entre el sector público y el privado. Y para ello, no es necesario partir de cero», dijo el presidente de la CChC.
La gerenta general de la CChC, Paula Urenda, señaló que llegar a puerto con las soluciones propuestas «pareciera que se necesitará una gran reforma del Estado, pero no es así. De las 73 medidas de la CNEP, 55 son administrativas y sólo 18 son reformas legales. Lo que acá se requiere es voluntad, tomarle el peso a la urgencia y mucha gestión dentro los distintos aparatos del Estado».
