El alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, mantiene desde mayo pasado un reclamo de «Ilegalidad» en contra el Consejo para la Transparencia (CPLT) para evitar que un informe sobre sumarios de acoso sexual y maltrato laboral en la alcaldía de la ciudad llegue a terceros y en definitiva se transparente ante la opinión pública.
En su alegato, el jefe comunal argumenta que transparentar la información de las investigaciones internas por estos hechos podría constituir una “infracción flagrante a la privacidad de los afectados en los sumarios», apelando a la normativa sobre la privacidad de los individuos.
El impasse comenzó cuando el organismo regulatorio solicitó a la alcaldía los documentos que fueron requeridos por un particular el pasado 14 de enero del 2022 a través de la Ley de Transparencia, sobre el total de sumarios iniciados en contra funcionarios y exfuncionarios municipales.
La petición apuntó a casos de maltrato, acoso laboral, acoso sexual y discriminación entre los años 2017 y 2022, con individualización del victimario y víctima, lo que implica que de entregarse dicha información sin mantener reserva de las identidades aún cuando dichos casos no se encuentren del todo concluidos, podría implicar una infracción grave a la normativa sobre datos sensibles.
En ese plano, el 10 de febrero la alcaldía rechazó entregar información, explicando que “el volumen total de los antecedentes consultados corresponde a 51 casos de denuncias por acoso y maltrato laboral y acoso sexual… no dispone de personal exclusivo para atender ese proceso” pero sin invocar la prohibición para uso de datos personales que dispone la misma Ley de Transparencia.
Como consecuencia de la negativa, el Consejo presentó un recurso ante la justicia ordinaria, exponiendo que dichos argumentos «no resultan suficientes».