Un nuevo flanco se abre en la lucha contra el crimen organizado y esta vez el problema está dentro de las propias instituciones encargadas de perseguirlo. Durante la mañana de este lunes, la PDI y la Fiscalía realizaron un operativo al interior del Centro de Justicia de Santiago para investigar a un funcionario del Poder Judicial que estaría involucrado, presuntamente, en la filtración de antecedentes reservados a una organización vinculada al narcotráfico.
Las diligencias se concentraron en el Tercer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, donde los equipos policiales ingresaron con una orden judicial de entrada y registro. La investigación es encabezada por la Fiscalía de San Bernardo y busca establecer si el funcionario utilizó su acceso a causas judiciales para entregar información sensible a integrantes de una estructura criminal.
La sospecha es especialmente grave: los antecedentes preliminares apuntan a que la información habría sido entregada a cambio de beneficios económicos. De confirmarse, la filtración pudo haber permitido a integrantes de la organización anticiparse a determinadas actuaciones de las policías y del Ministerio Público, precisamente en investigaciones donde el factor sorpresa resulta fundamental. Por ahora, eso sí, se trata de una hipótesis que deberá ser acreditada durante el proceso penal.
El operativo tampoco se limitó al edificio judicial. De manera paralela, detectives realizaron diligencias en dos domicilios vinculados al funcionario, ubicados en Santiago y San Bernardo, con el objetivo de encontrar evidencia que permita determinar qué información habría salido desde el tribunal, quiénes la recibieron y cuál habría sido su eventual utilidad para la organización criminal.
Allanan tribunal en Santiago
Según los antecedentes conocidos, el caso contempla la eventual comisión de delitos como cohecho y otros ilícitos relacionados con la Ley 20.000. La investigación apunta, entre otros aspectos, a establecer si existió una contraprestación económica por la entrega de información judicial reservada y cuál fue el nivel de participación del funcionario investigado.
El episodio vuelve a poner bajo presión al sistema judicial chileno. No es un asunto menor: mientras el Estado intenta cerrar el cerco sobre organizaciones dedicadas al narcotráfico, cualquier filtración desde el interior de los tribunales puede transformarse en una ventaja decisiva para quienes están siendo perseguidos. Y este caso se suma a una investigación mucho más amplia sobre eventuales redes de corrupción y acceso indebido a información judicial que ya ha golpeado al sistema en otras regiones. En Los Ángeles, por ejemplo, la Fiscalía investiga una estructura a la que atribuye la filtración de información de más de 400 causas penales entre 2017 y 2025.
La diferencia esta vez está en el escenario: no se trata de una filtración atribuida desde fuera del aparato judicial, sino de una sospecha que apunta directamente a una persona que trabajaba dentro de un tribunal. La investigación recién comienza y será la justicia la que determine si existió efectivamente una operación de entrega de información reservada y, eventualmente, quiénes estuvieron detrás de ella.
