La confesión no bastó para cerrar el caso como esperaban los familiares de las víctimas. Hugo Bustamante Pérez, conocido como el “asesino del tambor”, quedó sobreseído definitivamente por el doble homicidio de Elena Hinojosa, de 55 años, y su hijo Eduardo Páez, de 27, cuyos restos fueron encontrados en 2024 enterrados en una vivienda de Villa Alemana. La decisión judicial abrió una nueva controversia en torno a un crimen que permaneció sin esclarecer durante casi tres décadas.
El giro resulta especialmente impactante porque en enero de 2026 el Juzgado de Letras de Villa Alemana había condenado a Bustamante a 10 años y un día de presidio por ambas muertes. Sin embargo, tras los recursos presentados por la defensa y la parte querellante, la Corte de Apelaciones de Valparaíso revocó esa sentencia y declaró prescrita la acción penal. El fallo no significa que los hechos no hayan ocurrido, sino que el tribunal consideró que ya no era posible perseguir penalmente esos delitos bajo la calificación jurídica que determinó.
El centro de la controversia está en cómo fueron calificados los homicidios. La Corte consideró que correspondían a homicidios simples, cuyo plazo de prescripción es menor que el de los homicidios calificados. Esa diferencia fue determinante: para la defensa, la acción penal estaba prescrita; para la familia, los hechos debían tener una calificación más grave y el cómputo del plazo debía considerar las condenas posteriores de Bustamante.
Una confesión permitió encontrar a las víctimas después de 28 años
Elena Hinojosa y Eduardo Páez desaparecieron en junio de 1996. Durante años, sus casos permanecieron sin una respuesta definitiva, hasta que Bustamante habló sobre los crímenes en una entrevista con la periodista Ivonne Toro, autora del libro La niña Ámbar. Los antecedentes entregados permitieron reactivar las diligencias y localizar los restos de madre e hijo en el patio de una propiedad de Villa Alemana.
El lugar tenía una conexión estremecedora con otro caso que conmocionó al país: allí mismo fue encontrado en 2020 el cuerpo de Ámbar Cornejo, adolescente de 16 años por cuyo homicidio Bustamante cumple actualmente presidio perpetuo calificado. Antes de ese crimen, el hombre ya había sido condenado en 2005 por los asesinatos de Verónica Vásquez y su hijo Eugenio Honorato, de nueve años, cuyos cuerpos ocultó en un tambor. Ese caso dio origen al apodo con el que se le conoce públicamente.
La familia de Elena Hinojosa y Eduardo Páez no se resignó al fallo. Su abogado querellante, José Ignacio Tapia, explicó a T13 que buscan que la Corte Suprema anule la resolución de segunda instancia y dicte una sentencia que permita condenar a Bustamante por el doble homicidio. La presentación sostiene que existen errores jurídicos en la decisión de la Corte de Apelaciones y que la calificación de los delitos resulta decisiva para determinar si la acción penal estaba prescrita.
La última palabra aún está pendiente
Aunque el sobreseimiento fue decretado como definitivo por la Corte de Apelaciones, la familia recurrió a la Corte Suprema para intentar revertirlo. Por eso, el caso mantiene un capítulo judicial abierto en torno a la validez del fallo y a la interpretación de las normas sobre prescripción.
La resolución vuelve a poner bajo la lupa la respuesta de la justicia frente a crímenes antiguos y la distancia que puede existir entre una confesión, los antecedentes reunidos por los investigadores y las posibilidades legales de imponer una condena. Para los cercanos de Elena y Eduardo, el desafío ahora es conseguir que el máximo tribunal revise los argumentos y determine si corresponde restablecer la condena.
Mientras tanto, Bustamante continúa cumpliendo presidio perpetuo calificado por el crimen de Ámbar Cornejo. El sobreseimiento por las muertes de Hinojosa y Páez no altera esa condena, pero sí impide —mientras la resolución se mantenga vigente— que se le imponga una pena por ese doble homicidio de 1996. La controversia, lejos de terminar, queda ahora en manos de la Corte Suprema.
