La senadora Camila Flores vuelve a estar en el centro de la polémica. Esta vez no por la investigación penal conocida como “Cuota Flores”, sino por una indagatoria reservada de la Comisión de Ética y Transparencia del Senado relacionada con la contratación de personas que tendrían vínculos familiares o sentimentales con parlamentarios. En el caso de Flores, el nombre que aparece en el expediente es el de su jefe de gabinete, Mauricio González Tobar.
Según los antecedentes difundidos a partir de una investigación de T13 y recogidos por medios nacionales, González comenzó a trabajar para Flores en marzo con una remuneración de $450 mil mensuales, pero posteriormente su contrato pasó a ser indefinido y su sueldo habría aumentado hasta $3,6 millones. El punto que encendió las alarmas no es solamente el salto salarial, sino el supuesto vínculo sentimental que se le atribuye con la parlamentaria.
La situación fue abordada por Michel Figueroa, director ejecutivo de Chile Transparente, quien fue consultado por el caso. “Desde el punto de vista ético, se ve terrible”, sostuvo, cuestionando la percepción que puede generar una contratación de este tipo cuando involucra recursos destinados al funcionamiento de equipos parlamentarios. El especialista agregó que desde fuera puede interpretarse como que un legislador termina pagando con fondos públicos a una persona con la que mantiene una relación personal.
Camila Flores enfrenta nueva investigación
Pero cuando Flores fue enfrentada directamente a la pregunta sobre la contratación de quien fue presentado públicamente como su pareja, su respuesta fue inesperada. La senadora evitó entregar detalles debido al carácter reservado de la investigación y afirmó: “Todos esos descargos, como lo dije en la declaración, están hechos en la Comisión de Ética, cuya comisión es reservada. Solo agregar que no tengo pareja”.
La precisión es relevante: no existe actualmente una resolución de la Comisión de Ética que establezca que Flores haya cometido una infracción, ni corresponde dar por acreditada una relación sentimental que la propia senadora niega. Lo que sí está confirmado es que la contratación de González forma parte de la revisión y que el Senado analiza las eventuales implicancias éticas de este tipo de vínculos.
El episodio adquiere todavía mayor peso por el contexto. Flores ya enfrenta una investigación penal por la denominada “Cuota Flores”, causa que se originó a partir de una denuncia por presunto fraude al Fisco y que indaga acusaciones sobre eventuales exigencias de dinero a integrantes de su equipo parlamentario. La Fiscalía Regional de Valparaíso confirmó en abril que la investigación estaba en curso y que se habían realizado diligencias a cargo del OS9 de Carabineros.
Responde con una frase inesperada
De hecho, durante septiembre surgió una nueva arista en esa investigación, vinculada a antecedentes financieros y a la revisión de gastos de campaña. La Fiscalía continúa desarrollando diligencias, mientras distintas decisiones judiciales han delimitado el acceso a determinados antecedentes y dispositivos incautados. Todo ello forma parte de una causa que sigue abierta y en la que no existe una condena contra la senadora.
Por eso, el nuevo episodio vuelve a poner sobre la mesa una pregunta incómoda para el Congreso: ¿hasta dónde pueden llegar los parlamentarios al momento de conformar sus equipos cuando existen vínculos personales con quienes reciben recursos públicos? La Comisión de Ética deberá revisar los antecedentes y los descargos de Flores antes de establecer si existió o no alguna infracción.
Mientras tanto, la senadora enfrenta dos frentes diferentes que no deben confundirse: una investigación ética por la contratación de su jefe de gabinete y una investigación penal independiente por el denominado caso “Cuota Flores”. En ambos casos, las investigaciones siguen en desarrollo y cualquier responsabilidad deberá ser determinada por las instancias correspondientes.
