La polémica por las rebajas de condena otorgadas a 56 personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores sigue golpeando al Gobierno de José Antonio Kast. Esta vez fue la exministra vocera Camila Vallejo quien elevó el tono de las críticas y apuntó directamente a la decisión presidencial de mantener en su cargo al ministro de Justicia, Fernando Rabat, pese a los cuestionamientos por los decretos que redujeron las penas.
“Por razones menos graves han sacado ministras”, sostuvo Vallejo, en una comparación que reabrió el debate sobre los criterios utilizados por La Moneda para evaluar la continuidad de sus autoridades. La exsecretaria de Estado considera que la controversia no puede reducirse a una discusión técnica sobre la interpretación de la ley: también existe una responsabilidad política que, a su juicio, alcanza al propio Presidente.
La crítica más dura de Vallejo apunta a las consecuencias de las decisiones administrativas. “En este caso por liberar a pedófilos no han ocupado la misma vara. Y eso es responsabilidad política del presidente de la República”, afirmó. Sus declaraciones se producen después de que se conociera que el Ministerio de Justicia dictó 56 decretos de rebaja de condena para personas sentenciadas por abuso sexual o violación de menores, una situación que provocó indignación y cuestionamientos desde distintos sectores políticos.
Rabat defiende su actuación mientras crece la presión sobre La Moneda
El ministro Fernando Rabat ha defendido las resoluciones argumentando que actuó conforme a la legislación vigente y a criterios establecidos en fallos de la Corte Suprema. Según su explicación, la controversia se relaciona con la aplicación temporal de una reforma legal de 2022 que excluyó de estos beneficios a condenados por determinados delitos sexuales contra menores. La discusión jurídica se centra, entre otros aspectos, en si esa restricción puede aplicarse a delitos cometidos antes de la entrada en vigor de la norma.
Sin embargo, Vallejo cuestiona que el Ejecutivo presente las rebajas como una obligación legal inevitable. La exministra ha sostenido que durante el Gobierno anterior se rechazaron solicitudes y se defendieron esas decisiones ante los tribunales, con resultados favorables en algunos casos. Su argumento es que la administración de Kast debía examinar cada solicitud y no asumir que correspondía conceder automáticamente el beneficio.
El debate también se ha extendido a la forma en que el Gobierno ha explicado lo ocurrido. Vallejo acusó al Ejecutivo de entregar versiones contradictorias y de proteger al ministro mientras las víctimas quedan en segundo plano. A su juicio, la crisis exige cambios en el gabinete y una señal concreta de que las autoridades deben responder por decisiones que generan consecuencias graves.
Rabat, por su parte, descartó renunciar y ha manifestado que espera acompañar al Presidente durante los cuatro años de mandato. La postura del ministro deja la decisión final en manos de Kast, quien ha respaldado públicamente a su titular de Justicia y ha encargado revisar los antecedentes y buscar alternativas para enfrentar el problema.
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