El Congreso comenzó a debatir una iniciativa que busca cerrar una de las puertas utilizadas para obtener residencia en Chile mediante mecanismos considerados fraudulentos. Se trata de un proyecto de ley que tipifica como delito la celebración de matrimonios o Acuerdos de Unión Civil (AUC) cuyo único objetivo sea facilitar la permanencia o regularización migratoria de ciudadanos extranjeros. La propuesta forma parte del paquete de medidas impulsadas para fortalecer el control migratorio y combatir organizaciones dedicadas a este tipo de prácticas.
La iniciativa establece sanciones penales tanto para quienes participen conscientemente en este tipo de uniones como para quienes promuevan, gestionen o faciliten estos acuerdos con fines migratorios. El proyecto busca diferenciar claramente las relaciones genuinas de aquellas celebradas únicamente para obtener permisos de residencia, visas u otros beneficios contemplados en la legislación chilena.
De prosperar, los tribunales deberán analizar los antecedentes de cada caso para determinar si existió una simulación destinada a eludir las normas migratorias.
Chile endurece el control migratorio
Durante la presentación del proyecto, el ministro del Interior, Rodrigo Ubilla, sostuvo que la medida pretende enfrentar un fenómeno que ha ido aumentando en los últimos años. «No vamos a permitir que se utilicen instituciones tan importantes como el matrimonio o el Acuerdo de Unión Civil para burlar la legislación migratoria», señaló al defender la iniciativa, recalcando que el objetivo no es restringir las uniones legítimas, sino perseguir el fraude organizado vinculado a la migración irregular. Basado en antecedentes publicados por BioBioChile.
El proyecto también contempla herramientas para fortalecer la coordinación entre el Servicio Nacional de Migraciones, el Registro Civil y los organismos encargados de investigar eventuales delitos relacionados con estas uniones simuladas. Mientras la propuesta continúa su tramitación legislativa, el debate ya genera posiciones encontradas.
Sus partidarios sostienen que permitirá cerrar un vacío legal utilizado por redes de facilitación migratoria, mientras que sectores críticos advierten que la aplicación de la norma deberá resguardar el derecho de las parejas legítimas y evitar presunciones que afecten relaciones auténticas. De aprobarse, Chile incorporaría una nueva figura penal destinada a perseguir el uso fraudulento del matrimonio y del AUC como mecanismo para obtener beneficios migratorios.
