Una nueva ofensiva judicial volvió a tensionar un caso de abuso sexual que terminó con un profesor condenado en la Región del Maule. Agusto Enrique Peñailillo Reyes, sentenciado a cinco años y un día de cárcel por abuso sexual reiterado contra una estudiante del Liceo de Pelluhue, sostiene que es inocente y ahora busca que la Fiscalía investigue lo que califica como un supuesto montaje construido a partir de testimonios y antecedentes que, según su defensa, no habrían sido correctamente considerados.
La nueva querella no apunta únicamente contra quienes declararon durante la investigación. La ofensiva también cuestiona actuaciones de fiscales y deja planteada la posibilidad de revisar la participación de los magistrados que intervinieron en el proceso. Sin embargo, hay un punto clave: la presentación no significa que esas acusaciones hayan sido acreditadas. El Juzgado de Garantía de Cauquenes declaró admisible la acción el martes 7 de octubre y la remitió al Ministerio Público para que determine los pasos a seguir.
El origen del caso se remonta a hechos denunciados en 2022. Peñailillo fue condenado en octubre de 2024 por el Tribunal Oral en lo Penal de Cauquenes, resolución que posteriormente fue ratificada tras el rechazo del recurso de nulidad por parte de la Corte de Apelaciones de Talca. La sentencia estableció que el docente había realizado tocaciones de carácter sexual a la estudiante, que tenía 12 años al momento de los hechos.
Ahora la defensa intenta abrir otro frente y sostiene que existieron antecedentes que no fueron ponderados adecuadamente. Uno de los elementos centrales es una grabación realizada en el domicilio de la menor el 29 de abril de 2022, registro que habría sido tomado por uno de sus hermanos y posteriormente entregado a la PDI. Según la querella, en ese registro la adolescente habría entregado inicialmente una versión que, de acuerdo con la defensa, presenta diferencias con los antecedentes que posteriormente terminaron incorporándose al caso.
Condenado por abuso sexual reabre la batalla judicial
La defensa también pone sobre la mesa las declaraciones de dos excompañeras de colegio de la denunciante. Según los antecedentes expuestos en la querella, ambas habrían señalado que la adolescente les habría manifestado que la acusación contra el profesor era falsa y que existían motivos personales detrás de la denuncia. Esas versiones fueron objeto de una investigación previa por eventual falso testimonio, pero la nueva acción sostiene que no fueron investigadas con la profundidad necesaria.
Uno de los cuestionamientos más delicados apunta directamente al contenido de la sentencia. La defensa sostiene que el fallo habría considerado que la víctima señaló que los abusos ocurrieron “cinco o seis veces”, mientras que, según su interpretación de los registros del juicio, esa referencia correspondería a los meses durante los cuales habría asistido a terapia y no a la cantidad de episodios denunciados. La querella pretende que estos antecedentes sean revisados, aunque una discrepancia o una valoración controvertida de la prueba no demuestra por sí sola que haya existido un delito o un montaje.
El escrito también cuestiona otras diligencias de la investigación original, entre ellas el análisis de registros audiovisuales, determinados antecedentes que favorecerían al condenado y la forma en que fueron valoradas algunas declaraciones. La defensa sostiene que podrían existir delitos autónomos vinculados a falsos testimonios, presentación de medios de prueba falsos u obstrucción a la investigación, entre otras figuras que eventualmente podrían surgir durante una nueva indagatoria.
Acusa un supuesto montaje
La causa entra así en una segunda etapa judicial particularmente compleja. Peñailillo continúa siendo un condenado por sentencia firme, y la admisibilidad de la querella no modifica esa condición ni anula el fallo de 2024. Lo que comienza ahora es una investigación distinta, destinada a determinar si las acusaciones formuladas por su defensa tienen sustento o si, finalmente, no existen antecedentes suficientes para avanzar.
La Fiscalía deberá resolver qué diligencias corresponde realizar y, sobre todo, si los nuevos antecedentes permiten sostener la existencia de eventuales delitos. Mientras tanto, el caso vuelve a poner sobre la mesa una pregunta incómoda para el sistema de justicia: ¿se está frente a una condena construida sobre pruebas defectuosas o ante un intento de reabrir por otra vía un proceso que ya terminó con una sentencia firme? La respuesta, esta vez, tendrá que surgir de la investigación y no de las versiones de las partes.
