El nombre de Fernando Rabat vuelve a quedar en el centro de la polémica por las rebajas de condenas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores. Esta vez, el caso tiene un antecedente especialmente sensible: Margarita Angélica Villegas Lagos, condenada por los abusos cometidos contra estudiantes del Colegio Apoquindo, recibió una reducción de 16 meses de su pena de 15 años de prisión.
La mujer fue una de las protagonistas del escándalo que sacudió al establecimiento educacional en 2012. Junto a su esposo, Esteban Moya Godoy, quien también trabajaba como auxiliar del colegio, fue condenada por delitos de violación y abuso sexual contra menores de 14 años. Según estableció la investigación penal, ambos trasladaban a estudiantes hasta una vivienda ubicada dentro del recinto educacional para cometer las agresiones.
Casi 14 años después de que estallara el caso, Villegas volvió a aparecer en la discusión pública. El 17 de abril de 2026 se materializó una rebaja de 16 meses a su condena, beneficio que adelantó el término de su pena, originalmente previsto para el 2 de julio de 2027.
Pero la historia adquirió una dimensión política cuando se conoció que Rabat, antes de asumir como ministro de Justicia, había participado en la arista civil del mismo caso. Entre 2014 y 2023 representó a Sebastián Navarrete, uno de los propietarios del Colegio Apoquindo, en el juicio indemnizatorio presentado por las familias de los estudiantes afectados.
La conexión de Rabat con el Colegio Apoquindo
Las familias de las víctimas impulsaron una demanda civil contra el establecimiento, sus directivos, sociedades relacionadas y las personas condenadas, buscando una indemnización que inicialmente alcanzaba los $6.400 millones.
En ese proceso, Rabat defendió los intereses de uno de los propietarios del colegio. La disputa judicial terminó con una indemnización de $1.600 millones en primera instancia, cifra que posteriormente fue reducida a $570 millones por la Corte de Apelaciones. La Corte Suprema confirmó ese último monto en 2023.
Consultado por esta relación profesional, el actual ministro salió a marcar una diferencia entre su antigua labor como abogado y la causa penal que terminó con las condenas.
“Es importante informar bien, yo no he representado a esas personas condenadas penalmente”, afirmó Rabat. Luego explicó que su trabajo consistió en representar civilmente a uno de los propietarios del establecimiento, después de que se dictara la sentencia penal.
“No tuve ninguna participación en el proceso penal”, insistió, agregando que su intervención estuvo vinculada exclusivamente a la demanda indemnizatoria.
¿Por qué se redujo la condena?
La rebaja concedida a Villegas no surgió de una decisión espontánea del actual ministro. La mujer había solicitado el beneficio de reducción de condena y, después de una serie de recursos judiciales, la Corte Suprema ordenó al Ministerio de Justicia materializarlo.
En febrero de 2026, durante la administración del entonces ministro Jaime Gajardo, la cartera había rechazado la solicitud. Sin embargo, la controversia llegó nuevamente a los tribunales y, en abril, la Corte Suprema dispuso que se emitiera el decreto correspondiente.
La discusión jurídica se relacionaba con la aplicación de la Ley 19.856 y la normativa vigente al momento de cometerse los delitos, en 2012. La Corte de Apelaciones de San Miguel había ordenado anteriormente que la solicitud fuera evaluada considerando esa legislación. Posteriormente, la condenada obtuvo calificaciones de conducta sobresaliente durante los años 2023, 2024 y 2025.
En cumplimiento de la resolución judicial, el Ministerio dictó el Decreto Exento N.º 1152, el 17 de abril de 2026, que formalizó la reducción de 16 meses.
El caso de su esposo también tiene un antecedente similar: Esteban Moya recibió una rebaja de 22 meses en diciembre de 2021, por orden de la Corte Suprema, beneficio que le permitió recuperar su libertad.
Una polémica que supera un solo expediente
La situación se conoce en medio de los cuestionamientos por las rebajas de condenas concedidas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores durante el actual gobierno. Según los antecedentes recopilados por investigaciones periodísticas, 56 condenados recibieron este tipo de beneficios.
Además, el rol del Ministerio de Justicia ha sido objeto de debate. Investigaciones de CIPER han expuesto fallos judiciales que cuestionan la interpretación de que la cartera estaría obligada a conceder las rebajas cuando existe una evaluación favorable de las comisiones correspondientes.
Rabat ha defendido su actuación y sostiene que, en el caso de Villegas, el Ministerio cumplió una orden del máximo tribunal. Sin embargo, la coincidencia entre su antigua representación de uno de los propietarios del colegio y su actual responsabilidad como autoridad encargada de materializar el beneficio seguirá alimentando el debate público.
La pregunta de fondo no es menor: ¿cómo se resguarda la confianza ciudadana cuando una autoridad debe intervenir institucionalmente en un caso con el que tuvo una relación profesional anterior? El ministro niega haber defendido a los condenados y recalca que su trabajo fue exclusivamente civil. La controversia, sin embargo, está lejos de terminar.
