La alimentación de miles de estudiantes volvió a quedar bajo cuestionamiento. Esta vez, los antecedentes expuestos por la Contraloría General de la República ante la comisión investigadora de la Cámara de Diputadas y Diputados revelaron nuevas deficiencias en la gestión de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), organismo responsable de uno de los programas sociales más importantes del país.
La presentación de la contralora Dorothy Pérez puso cifras sobre la mesa: se detectaron 35 pagos por más de $209 mil millones que no contaban con los ajustes definitivos correspondientes. A eso se suman multas que siguen pendientes de cobro y modificaciones de contratos que, según los antecedentes expuestos, no tuvieron los controles necesarios.
El dato que agrava el escenario es que el 82,6% de las observaciones de una de las principales auditorías continúa sin resolverse. No se trata solamente de problemas administrativos: son recursos públicos destinados a un programa que debe garantizar alimentación a escolares y cuyo funcionamiento exige controles rigurosos.
La investigación parlamentaria busca esclarecer cómo se administró el Programa de Alimentación Escolar entre 2019 y 2024, período en que se acumularon denuncias por pagos improcedentes, problemas en licitaciones y deficiencias en la supervisión de los servicios contratados. La Contraloría inició procedimientos disciplinarios y remitió antecedentes al Ministerio Público, abriendo también la puerta a eventuales responsabilidades administrativas y penales.
Contraloría destapa nuevas irregularidades
Uno de los casos que explica la gravedad de este escenario se concentra en la Región de O’Higgins. Allí se detectaron pagos superiores a $14.000 millones por más de tres millones de raciones de once que no habrían sido entregadas entre 2021 y 2023. Los antecedentes apuntan a contratos con la empresa Soser y forman parte de una investigación del Ministerio Público por eventuales irregularidades en el uso de recursos fiscales.
La controversia también llegó al Congreso. El diputado Ricardo Neumann (UDI) planteó la necesidad de identificar los cambios legales que permitan corregir las irregularidades advertidas por el organismo fiscalizador. Por su parte, el diputado Héctor Barría (DC) manifestó confianza en que la comisión podrá elaborar un informe final con los antecedentes reunidos durante sus sesiones.
El problema es que las explicaciones y las investigaciones no alimentan a los estudiantes. Cada peso destinado al Programa de Alimentación Escolar debe traducirse en un servicio efectivo, y cada ración pagada debe tener respaldo verificable. Cuando aparecen pagos sin ajustes definitivos, multas que no se cobran y observaciones que permanecen abiertas, la pregunta inevitable es quién supervisó estos contratos y por qué las alertas no se corrigieron oportunamente.
La Contraloría ya puso los antecedentes sobre la mesa y el Ministerio Público deberá determinar si existieron delitos y quiénes serían responsables. Mientras tanto, la comisión investigadora se acerca a su etapa final, con el desafío de establecer qué falló en los mecanismos de control y qué medidas deben adoptarse para evitar que una situación similar vuelva a repetirse.
La Junaeb no administra una partida cualquiera: administra recursos destinados a la alimentación de niños y jóvenes. Por eso, las irregularidades detectadas no pueden quedar reducidas a un informe, una sesión parlamentaria o un intercambio de acusaciones. La ciudadanía necesita saber dónde terminó el dinero, quién debe responder y qué garantías existen de que las raciones que se pagan efectivamente lleguen a los estudiantes.
