La entrevista terminó convirtiéndose en uno de los momentos más indignantes de la controversia por las rebajas de condena. Un hombre sentenciado por agredir sexualmente a una niña de 13 años habló con T13 después de recibir una reducción de su pena y, al ser consultado sobre si consideraba justa la medida, respondió con una frase que dejó desconcertados a los periodistas en el estudio: “Yo no pedí el carnet, fue una mala mía”.
Lejos de ofrecer una explicación que mostrara conciencia sobre la gravedad del delito, el condenado planteó que la situación era “50-50”. Su respuesta provocó una reacción inmediata de los periodistas de Canal 13, quienes intentaron dimensionar lo que acababan de escuchar. El caso no solo generó rechazo por las palabras del entrevistado, sino que volvió a poner en el centro del debate las condiciones bajo las cuales personas condenadas por delitos sexuales contra menores pueden acceder a beneficios penitenciarios.
“Una mala mía, no pidió el carnet. ¿Cuántos años tenía esta víctima?”, preguntó Francesco Gazzella a su compañero Alfonso Concha. La respuesta fue categórica: “13 años… y a juzgar por lo que está diciendo, no sé si realmente tiene consciencia del delito que cometió, pero de lo que sí tiene consciencia es que sabía que había un camino para rebaja de pena”, señaló Concha.
El periodista cerró su intervención con otra frase que resumió la impresión que dejó el testimonio: “Es tremendo escucharlo. Teníamos la percepción de que ni siquiera iba a hablar”. La reacción en pantalla reflejó el impacto de una entrevista que puso rostro y voz a una discusión que hasta ahora se había concentrado principalmente en decretos, criterios jurídicos y responsabilidades políticas.
Rebajas de condena bajo la lupa: 56 casos que remecieron al Gobierno
El testimonio se conoció en medio de la polémica por las 56 rebajas de condena autorizadas durante el Gobierno de José Antonio Kast a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad. Según antecedentes publicados por T13, entre el 11 de marzo y el 13 de septiembre de 2026, el Ministerio de Justicia concedió beneficios a 27 condenados por abuso sexual y a otros 29 por violación.
El propio entrevistado explicó que su comportamiento dentro de la cárcel fue un factor que, a su juicio, influyó en la reducción de su pena. “Empecé haciendo aseo en el módulo, y eso me benefició tanto con los funcionarios como con mis compañeros”, relató. Su testimonio abrió cuestionamientos sobre la manera en que se pondera la conducta intrapenitenciaria y sobre si esos antecedentes son suficientes para evaluar adecuadamente la rehabilitación de una persona condenada por delitos de esta gravedad.
Otro de los beneficiados entrevistados por T13 describió la rebaja como una sorpresa y aseguró que, tras conocer el beneficio, terminó “ganándole a la cárcel”. Ambos testimonios aumentaron la presión sobre el Ministerio de Justicia y reactivaron las preguntas sobre los criterios aplicados, la información entregada a las víctimas y el impacto que estas decisiones tienen en su seguridad y confianza en las instituciones.
Ante la controversia, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, anunció la suspensión de la tramitación de nuevos decretos de rebaja de condena mientras se impulsan cambios legales para impedir que personas condenadas por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes accedan a estos beneficios en los casos que determine la nueva normativa. La discusión también abrió un flanco político, con cuestionamientos desde la oposición y llamados a establecer responsabilidades por las decisiones adoptadas.
La frase del condenado no resuelve por sí sola el debate jurídico sobre la legalidad de las rebajas, pero sí expone una dimensión humana que difícilmente puede quedar relegada a un trámite administrativo: la forma en que un agresor habla del delito cometido contra una menor y el lugar que ocupan las víctimas en decisiones que pueden adelantar la salida de los responsables de prisión. La controversia exige respuestas claras, criterios transparentes y una discusión seria sobre cómo compatibilizar los beneficios penitenciarios con la protección de quienes sufrieron estos delitos.
🚨INDIGNANTE
@T13 entrevistó a dos de los violadores que se beneficiaron con la rebaja de condena otorgada por Kast y uno de ellos y se justificó diciendo que “Yo no pedí el carnet, fue una mala mía” https://t.co/MD0MZskXa0
— H (@hernan_sr) October 24, 2026
