Una controversia que comenzó por las rebajas de condenas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores escaló hasta convertirse en un nuevo enfrentamiento político. El diputado del Frente Amplio Jaime Bassa apuntó contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, y el Gobierno de José Antonio Kast, al sostener que los beneficios concedidos serían parte de una supuesta red internacional de pedofilia. Sus palabras encendieron las alarmas en el Congreso y abrieron un flanco adicional para una discusión que ya tenía al Ejecutivo bajo presión.
“Esto no es un error. Esta es una manifestación más de una red de pedofilia internacional”, afirmó Bassa, en declaraciones que generaron una inmediata reacción de parlamentarios oficialistas y de otros sectores políticos. El legislador también mencionó los casos de Paul Schäfer y Jeffrey Epstein para cuestionar lo que considera una eventual estructura de protección e impunidad. Sin embargo, no presentó antecedentes concretos que acreditaran las conexiones que insinuó entre esos casos y las decisiones del Ministerio de Justicia.
El diputado fue más allá y exigió la salida del ministro Rabat y del subsecretario de Justicia, al considerar insostenible su permanencia en los cargos. “La continuidad del ministro de Justicia en su cargo es inaceptable, es absolutamente insostenible. Este señor tiene que renunciar”, sostuvo. Además, afirmó que una eventual acusación constitucional contra el secretario de Estado estaba tomando fuerza, tanto por razones políticas como jurídicas.
Jaime Bassa desata tormenta política
La respuesta más dura llegó desde la Unión Demócrata Independiente. La jefa de bancada, Flor Weisse, y el diputado Eduardo Cretton anunciaron que llevarán el caso ante la Comisión de Ética de la Cámara. Ambos cuestionaron que Bassa vinculara una controversia administrativa y jurídica con una supuesta red criminal sin aportar pruebas que respalden esa acusación. En su declaración pública, calificaron sus dichos como una “bajeza política miserable e indecente” y sostuvieron que el parlamentario había sobrepasado los límites de la confrontación política.
Las críticas no se limitaron a la derecha. El abogado constitucionalista Javier Couso cuestionó el planteamiento del diputado y escribió: “La búsqueda de figuración tiene límites. Ya tenemos a suficientes políticos lanzando teorías conspirativas”. El analista político Alfredo Joignant también criticó la intervención de Bassa, a la que calificó de inaceptable por recurrir a una explicación conspirativa para abordar una controversia que, a su juicio, debía discutirse sobre la base de antecedentes verificables.
La polémica, sin embargo, no elimina las preguntas que originaron el debate. Las rebajas de condenas concedidas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores han generado cuestionamientos sobre los criterios jurídicos utilizados por el Ministerio de Justicia y la forma en que se evaluaron los antecedentes de los beneficiarios. Es un asunto que exige explicaciones públicas, revisión de los procedimientos y claridad respecto de las decisiones adoptadas. Pero esas interrogantes no constituyen, por sí solas, evidencia de la existencia de una red internacional de pedofilia.
El desafío para Bassa es respaldar sus afirmaciones con antecedentes concretos o precisar el alcance de sus dichos. Para el Gobierno, en tanto, la controversia no se resuelve únicamente cuestionando al parlamentario: también debe responder por las decisiones administrativas que encendieron el debate y explicar los fundamentos de las rebajas de condenas. La gravedad de los delitos involucrados exige rigor, transparencia y responsabilidad de todos los actores políticos.
⭕️ El diputado del Frente Amplio, Jaime Bassa, cuestionó duramente al Gobierno por la rebaja de condenas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad y exigió la renuncia del ministro de Justicia, Fernando Rabat, y del subsecretario de la cartera.
“La continuidad del ministro de Justicia en su cargo es inaceptable, es absolutamente insostenible”, afirmó.
Además, señaló que una eventual acusación constitucional está cobrando fuerza por razones políticas y jurídicas, y llamó a realizar cambios profundos en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, enfatizando que la interpretación de la ley debe priorizar la protección de las víctimas.
— El Mostrador (@elmostrador) October 27, 2026
