Una nueva controversia ambiental se instaló durante la visita del Presidente José Antonio Kast a la Región del Biobío. En medio de un discurso sobre infraestructura, inversión y desarrollo portuario, el Mandatario cuestionó la conveniencia de mantener grandes extensiones de humedales protegidos y puso sobre la mesa una pregunta que rápidamente generó reacciones: “¿Vamos a tener un humedal de 1.500 hectáreas que nadie usa? ¿O vamos a tener uno que podemos usar y conocer de 500 hectáreas?”.
La intervención ocurrió en el marco de la discusión por proyectos de infraestructura estratégica para la zona. Kast vinculó directamente la protección ambiental con la necesidad de avanzar en antepuertos, infraestructura portuaria y conectividad, planteando que el debate debe buscar fórmulas que permitan compatibilizar ambas necesidades. El punto de fondo es particularmente sensible en el Biobío, donde la protección del Humedal Urbano Rocuant-Andalién ha generado cuestionamientos y reclamaciones vinculadas a sus posibles efectos sobre proyectos de desarrollo.
El planteamiento presidencial no tardó en generar críticas porque introduce una discusión que va más allá del tamaño de un área protegida: qué valor tiene un humedal aunque no exista un uso humano evidente sobre su superficie. Estos ecosistemas cumplen funciones ambientales que no necesariamente se traducen en actividades productivas o recreativas, por lo que especialistas y organizaciones ambientales han advertido históricamente sobre los riesgos de reducir su protección bajo criterios exclusivamente económicos.
Kast cuestiona protección de humedales
La controversia llega, además, en un momento en que la protección de humedales continúa generando disputas concretas. Apenas un día antes de las declaraciones de Kast, el Segundo Tribunal Ambiental realizó una audiencia relacionada con la declaratoria del Humedal Urbano Estero del Arrayán y sus Afluentes, en Lo Barnechea. El caso demuestra que la tensión entre protección ambiental, propietarios, municipios y proyectos urbanos no es exclusiva del Biobío y permanece instalada en distintas regiones del país.
El episodio también resulta políticamente incómodo porque el propio programa presidencial de Kast planteaba aumentar la cantidad de humedales protegidos en Chile y promover los humedales urbanos como espacios de esparcimiento y educación ambiental. El documento proponía, además, declarar humedales del norte como sitios prioritarios de biodiversidad y fortalecer su protección.
Por eso, las palabras del Mandatario abrieron una interrogante que difícilmente desaparecerá con una explicación sobre infraestructura: ¿se está hablando de compatibilizar protección ambiental con desarrollo o de reducir áreas protegidas para facilitar proyectos? La diferencia no es semántica. En un país donde las ciudades siguen creciendo y la presión sobre terrenos aumenta, determinar qué ecosistemas se protegen y cuáles pueden intervenirse puede tener consecuencias durante décadas.
Kast insistió en que el debate sobre la infraestructura portuaria es “razonable y legítimo”, pero llamó a tomar definiciones y buscar soluciones. El problema es que, cuando se habla de humedales, la discusión no termina en cuántas hectáreas puede ocupar una obra: también está en juego qué servicios ambientales se pierden cuando un ecosistema es reducido o intervenido.
