Un intenso debate se instaló este martes en el Senado con la discusión del proyecto conocido como «Ley Mordaza 2.0», una iniciativa que ha despertado críticas transversales desde el mundo del periodismo, organizaciones de medios y expertos constitucionalistas. El proyecto propone endurecer las sanciones contra quienes difundan antecedentes de investigaciones penales en curso, estableciendo multas de hasta 500 UTM e incluso penas de cárcel que podrían llegar a cinco años.
La principal controversia radica en que el texto legal no se limita a funcionarios públicos o intervinientes en una causa, sino que utiliza la expresión «el que difunda», una redacción que, según especialistas, podría alcanzar a periodistas, medios de comunicación, sus fuentes e incluso a cualquier ciudadano que publique información relacionada con investigaciones judiciales aún vigentes.
Ese alcance ha llevado a que la iniciativa sea bautizada por sus detractores como una nueva «Ley Mordaza», al considerar que podría provocar un efecto de autocensura frente al temor de enfrentar procesos penales.
Ley Mordaza 2.0 enciende las alarmas
Las principales organizaciones ligadas a la prensa, entre ellas el Colegio de Periodistas, la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) y ANATEL, manifestaron su rechazo a la propuesta. A juicio de estas entidades, la norma amenaza el ejercicio del periodismo de investigación al dificultar la difusión de antecedentes sobre casos de corrupción, crimen organizado o hechos de alto interés público.
La abogada constitucionalista Marisol Peña también advirtió que la iniciativa podría entrar en conflicto con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al restringir el derecho a buscar, recibir y difundir información.
El proyecto fue ingresado al Congreso en abril de 2025 y lleva las firmas de los senadores Pedro Araya (PPD), Luz Ebensperger (UDI), Paulina Núñez (RN), Luciano Cruz-Coke (Evópoli) y Alfonso de Urresti (PS). Mientras sus impulsores sostienen que la medida busca proteger el éxito de las investigaciones penales y evitar filtraciones indebidas, sus críticos advierten que la iniciativa podría transformarse en un precedente complejo para la libertad de expresión en Chile.
Con la discusión instalada en el Senado, el futuro del proyecto promete convertirse en uno de los debates legislativos más sensibles del año, enfrentando la protección de las investigaciones judiciales con el derecho de la ciudadanía a mantenerse informada.
