La polémica que golpea al Ministerio de Justicia sumó un nuevo capítulo luego de que el periodista José Antonio Neme exigiera públicamente la salida del ministro Fernando Rabat. El conductor de Mucho Gusto no se guardó las críticas y cuestionó la responsabilidad del secretario de Estado en las resoluciones que permitieron reducir las condenas de 56 personas sentenciadas por violación y abuso sexual contra menores de edad.
“Que el ministro Rabat se vaya para la casa, yo se lo digo abiertamente. Es insostenible su permanencia en el Gobierno, es insostenible”, disparó Neme durante el matinal de Mega. Su intervención puso en primer plano una controversia que dejó de ser exclusivamente jurídica y se transformó en un problema político para La Moneda.
El periodista apuntó directamente a la responsabilidad que, a su juicio, debía asumir el titular de Justicia al momento de firmar los decretos. “Sí tenemos un ministro de Justicia que no sabe lo que firma”, cuestionó, aludiendo a los antecedentes que acompañaban las solicitudes de rebaja de condena y a los informes de Gendarmería.
Neme también comparó la situación con la salida de Natalia Duco del Ministerio del Deporte, señalando que, a su parecer, la vara aplicada en ambos casos no sería la misma. “A la Duco la sacaron por mucho menos”, sostuvo, reforzando sus críticas a la continuidad de Rabat en el gabinete.
Rabat enfrenta una tormenta política y defiende su actuación
El cuestionamiento televisivo coincide con una creciente presión sobre el Gobierno. Desde distintos sectores políticos han surgido llamados a que Rabat deje el cargo, mientras la oposición ha advertido que evalúa una acusación constitucional y exige aclarar las circunstancias en que se concedieron los beneficios. Incluso desde el oficialismo se han escuchado voces que consideran insostenible su permanencia.
El ministro, sin embargo, ha defendido el procedimiento aplicado por su cartera y ha argumentado que las decisiones se sustentaron en criterios jurídicos y pronunciamientos judiciales sobre la aplicación temporal de la legislación. También ha reconocido que el sistema presenta una falencia respecto de la participación de las víctimas y sus familias, una cuestión especialmente sensible cuando se trata de delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes.
La controversia se concentra en la interpretación de las normas que restringen las rebajas de condena para condenados por estos delitos y en el papel que correspondía al Ministerio de Justicia al tramitar los decretos. Mientras el Gobierno busca alternativas para enfrentar el problema y corregir los vacíos legales, persisten las dudas sobre las responsabilidades políticas y las posibilidades de revertir resoluciones ya ejecutadas.
