Inédito: Contraloría paralizó licitación de buses eléctricos y ordena estimar precio unilateralmente reinsertando a empresa descalificada.
Una decisión sin precedentes sacude las bases de la licitación del servicio de transporte público de pasajeros para la ciudad de Villarrica.
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Por medio de un decreto que ya genera suspicacias, la Contraloría General de la República (CGR) decidió representar —es decir, negarse a tomar razón— del decreto 105 de 2026 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT).
El decreto adjudicaba el millonario contrato de buses eléctricos para llevar el nuevo modelo de transporte a los vecinos de Villarrica.
El escenario que ha sido calificado como «escandaloso» por diversos actores ligados a la modernización del transporte público, contiene diversas componentes, todas llenas de suspicacias, tanto por la trascendencia de los involucrados, como por lo extraño de la medida.
Así, a principios de junio el órgano contralor intervino el proceso de licitación para la adquisición de 51 nuevos buses 100% eléctricos y ordenó al Ministerio de Transportes retrotraer la decisión de excluir a una empresa cuya oferta había presentado dos precios distintos.
Duro golpe a la competencia
Así, la oferta de la Sociedad de Transporte Centenario Limitada había sido descalificada por la Comisión Evaluadora del MTT tras presentar una «inconsistencia evidente en su oferta económica».
El oferente entregó dos precios distintos para el pago mensual por provisión de flota: 2.637 UF en un anexo y 2.652 UF en otro.
Si bien, la diferencia de 15 UF mensuales por un total de 51 buses eléctricos no es significativa, representó una discrepancia de más de $7,5 millones de pesos al año y un total de $67 millones durante todo el periodo del contrato.
Sin embargo, lo verdaderamente polémico radicó en que para la entidad dirigida por Dorothy Pérez, esta diferencia no fue significativa.
En esa postura, la Contraloría resolvió ordenar al MTT una inusual conducta: que tome partido y, de manera unilateral, interprete este error en favor de la empresa Centenario, obligando a que se considere como válida la oferta de 2.637 UF y forzando su readmisión en el proceso.
Ello, pese a que la diferencia de precios entre dos formularios distintos del concurso público que impedían en la práctica al ministerio evaluar cuál de los dos precios era el oficial para ser considerado como su oferta final.
El doble estándar que enciende las alarmas
Lo que resulta verdaderamente extraño de esta resolución fue el silencio selectivo de la Contraloría.
Ello porque mientras ordenó la reinserción a la fuerza de la oferta de Centenario, no emitió pronunciamiento alguno respecto a la desestimación de otro competidor: Transportes Jorge Alarcón Jara E.I.R.L.
En el caso de Alarcón Jara, la Comisión Evaluadora del MTT también lo había excluido del proceso tras detectar que cometió un error similar al de Centenario, es decir, un fallo aritmético en su oferta.
Pero en este caso, la Contraloría si pareció considerar que el presentar un valor de cuota por flota (42,8 UF) con IVA incluido en un capítulo (oferta técnica) y ofertarlo sin IVA en el capítulo económico si era constitutivo de exclusión.
Cabe resaltar que en ambos casos, para la comisión evaluadora del Ministerio de Transportes, las discrepancias de precio en ambas ofertas le impedía evaluar la oferta «sin tener que realizar una reinterpretación… alterando el principio de igualdad de los oferentes».
Lo anterior, dejó de manifiesto que la decisión de la CGR de ordenar la reinserción de solo una de las ofertas -ambas presentaron supuestos errores matemáticos- podría constituir una dualidad de criterios poco explicable.
Con ello, no solo se abrió un flanco de cuestionamientos sobre la verdadera motivación detrás del decreto de la Contraloría, sino que quebró uno de los más poderosos fundamentos que sustentan las «reglas del juego» en Chile, abriendo la posibilidad de que meros especuladores presentaran ofertas con supuestos errores aritméticos para obtener ventajas financieras.
Las sombras del lobby y el historial de Centenario
Frente a la contradictoria intervención de Contraloría, diversas fuentes de la propia cartera de Transportes se apresuraron a emitir diversas conjeturas respecto del remarcado criterio de la Contraloría.
Mientras algunos consultados apuntaron directamente al presunto «lobby» desplegado por un ex ministro de Estado ligado a la administración de Justicia en favor de la empresa Centenario, otros especialistas en electromovilidad se apresuraron a acusar supuestas asesorías «brujas» de parte de ex funcionarios de la cartera.
Entre ellos se apuntó al ex subsecretario del ramo, Cristóbal Pineda y reconocido ingeniero «especialista» licitaciones que fue despedido de la cartera tras detectarse groseros errores en su gestión.
Consultado por SintesisChile.cl el propio Pineda calificó como «compleja» la licitación en Villarrica, pero negó cualquier vínculo laboral o asesoría con la empresa Centenario.
Lo mismo se consultó desde este medio a la Contraloría General de la República respecto de la presunta influencia de ex personeros del Gobierno pasado en la decisión así como el listado de encuentros sostenidos al respecto, pero prefirieron no comentar el hecho, limitándose a solicitar que «cualquier pedido al respecto, se canalice por Ley de Transparencia».
No obstante lo anterior, mediante Ley de Transparencia, el órgano contralor si detalló cuáles fueron las unidades internas que tramitaron el polémico dictamen: el Comité de Transportes, Energía y Telecomunicaciones de la División de Infraestructura y Regulación.
Adicional a este clima de influencias, cabe destacar un antecedente no menor: la empresa beneficiada por la Contraloría proviene de Transportes Centenario Ltda., una firma operadora que en 2023 fue sancionada por la autoridad con el castigo de caducidad de sus servicios por un alza unilateral de tarifas.
La jurisprudencia olvidada
De una rápida observación de la doctrina aplicada por la Contraloría en casos similares, se puede observar que el órgano revisor tiende a pasar por alto errores aritméticos menores o sin trascendencia para la competencia.
No obstante, en este caso lo inédito radicó en que la entidad dirigida por Dorothy Pérez torció su propias jurisprudencia al ordenar adjudicar a un oferente con errores en su oferta y pareció olvidar que otra empresa también cometió un error similar.
Lo anterior, según pudo comprobarse mediante una revisión de cientos de fallos mediante el uso de AI, contraviene fallos previos tanto del Tribunal de Contratación Pública como de la propia Contraloría.
La jurisprudencia es clara: en defensa de la igualdad entre los oferentes y la estricta sujeción a las bases concursales, se validan las exclusiones cuando las discrepancias impiden determinar con certeza el precio real.
Como han dictaminado los tribunales, cuando se exige reconstruir la oferta mediante cálculos posteriores, no estamos frente a un simple error formal, sino ante un «defecto esencial de la oferta económica».
Además, la normativa es tajante: le está impedido a la Administración reconstruir ofertas ni modificar sus contenidos después de abiertas.
Reacciones
Queda en este caso analizar cómo actuará el Ministerio de Transportes, que dirige el reconocido ingeniero Louis de Grange, cuya facultad y autonomía aún le permite decidir si relicita o se somete a contraloría.
Ello se vuelve especialmente interesante a solo días de que Dorothy Pérez emitiera un contundente rechazo al reglamento de la denominada «Ley Uber» deslizando severas críticas al actuar de la cartera.
Consultados los representantes de la empresa Centenario, se excusaron de comentar el dictamen de Contraloría. Según explicó Lorena Oyarzún, representante de la empresa de Transportes «no he recibido instrucciones o noticias de nuestros asesores al respecto».
En tanto, desde Transportes se limitaron a indicar que sería la secretaría ministerial de La Araucanía la encargada de emitir una opinión respecto de cómo procederá la cartera en torno a esta decisión de la Contraloría.
Ello, pese a admitir que ya habían oído rumores o comentarios respecto de la influencia de la empresa involucrada en el polémico pronunciamiento del órgano contralor.
Revisa aquí el polémico Dictamen de CGR (representa)
