Verónica Chávez y Andrés Argandoña, dos concejales opositores a la administración de Sebastián Sichel en Ñuñoa, y esta semana hicieron noticia al exponer sus duros al streaming: En una entrevista doble de Lo Justo y Necesario, de El Periodista TV, hicieron pebre el desempeño del edil.
Sus críticas llegan en medio de otros frentes ya reportados por SíntesisChile en que al edil le llueve sobre mojado: la Corte de Apelaciones anuló la condena por injurias contra Argandoña y ordenó repetir el juicio;
Además, recientemente el órgano contralor concluyó que no resultó procedente que abogados municipales asumieran la defensa del alcalde Sichel sin una investigación administrativa previa; y un tribunal multó al municipio por retirar una estructura publicitaria pese a una orden judicial.
A esos episodios se suma el caso de su amigo personal, el director de Secpla, Jaime Tohá: Contraloría propuso destituirlo tras un sumario por acoso laboral, pero Sichel contradijo tal recomendacióin t solo ordenó suspensión de 30 días. El pronunciamiento del organismo fiscalizador seguía pendiente, según informó El Periodista.
Con todo, ambos concejales del FA partieron comentando el origen de sus cuestionamientos: un registro de la sesión municipal del 21 de octubre.
Allí Sichel reprende a la concejala Chávez por interrumpirlo, la acusa de “mala educación” y le suspende el uso de la palabra. El fragmento se exhibió durante el programa.
«Violento»
“Fue muy violento de partida”, dijo Chávez en el programa Lo Justo y Necesario. La edil sostuvo que intentó corregir lo que consideraba una descripción falsa de sus acciones y acusó al alcalde de buscar denostarla ante los vecinos.
“No sé para qué hizo ese teatro”, planteó. También afirmó que sus colegas de oposición han recibido tratos violentos y habló de un trato “denostativo” hacia las mujeres. Son denuncias formuladas por la concejala durante la entrevista, no una conclusión judicial.
Andrés Argandoña calificó como “matonaje” el trato que, a su juicio, recibió Chávez y describió la gestión como una administración que “peca de soberbia”.
Su crítica apunta, dijo, a la falta de participación de vecinos y concejales en las decisiones comunales.
Aun así, reconoció algunos avances en la recaudación de recursos municipales y aseguró que los ediles de su sector respaldan cerca del 90% de los proyectos presentados por Sichel cuando consideran que benefician a la comuna.
Chávez también concedió que hay áreas con resultados positivos, pero advirtió que una gestión sin consulta vecinal se vuelve frágil. Como ejemplos mencionó las controversias por las baldosas y las intervenciones en el barrio Pucará.
Su reclamo es que las obras y prioridades se definan escuchando a quienes viven en la comuna, no solo desde el municipio.
El caso Tohá, la piedra en el zapato
La entrevista abordó además el caso del director de Secpla, Jaime Tohá. Contraloría propuso su destitución tras un sumario por acoso laboral; el 2 de octubre, Sichel anunció en cambio una suspensión de 30 días y cuestionó la investigación por supuestos “errores manifiestos”.
El alcalde sostuvo que la sanción comenzaría a regir una vez que Contraloría tomara razón. En la conversación, Argandoña afirmó que Tohá seguía en funciones mientras se esperaba ese pronunciamiento.
Los cuestionamientos también alcanzaron los contratos. Argandoña criticó las licitaciones del servicio de recolección de basura, mencionó obras que —según dijo— quedaron inconclusas tras problemas con empresas contratistas.
El concejal afirmó haber presentado ante Contraloría antecedentes sobre compras que, a su juicio, se habrían dividido en adquisiciones ágiles pese a corresponder a una licitación. El concejal señaló que corresponde esperar la respuesta del organismo: sus reparos no equivalen a un pronunciamiento de Contraloría.
Chávez agregó que el contrato de la basura afecta directamente la vida diaria de los vecinos y defendió la fiscalización del concejo.
Según su versión, el alcalde cuestionó en redes sociales a quienes rechazaron una contratación directa, sin destacar que concejales de distintos sectores también votaron en contra.
El cuadro que dejaron ambos ediles no fue de rechazo absoluto: reconocieron avances administrativos, pero sostuvieron que no bastan si las decisiones se toman sin participación y si las dudas sobre contratos no reciben respuestas claras.
Las acusaciones sobre el trato en el concejo y las compras municipales quedan ahora expuestas a la discusión pública y, en el caso de los antecedentes enviados a Contraloría, al pronunciamiento que corresponda.
