Este lunes se llevó a cabo la primera sesión de la comisión investigadora en torno a la fallida compra del ex presidente Salvador Allende. Y ya generó la primera polémica. Esto porque la jefa de la División Jurídica-Legislativa de la Segpres, Francisca Moya, reveló un dato categórico. Caso Allende: Asesora de presidencia admitió que conocía inhabilidad para compra de casa y no informó a Boric.
De este modo, la funcionaria del Ministerio Secretaría General de la Presidencia dio a conocer que desde la oficina ministerial estaban al tanto de la inhabilidad para celebrar el contrato entre la ahora ex ministra Maya Fernández y la ex senadora Isabel Allende.
El punto de la controversia y lo que generó la indignación entre los parlamentarios de Oposición en la sesión, fue reconocer que no advirtieron de la situación al Presidente Gabriel Boric.
«Mi equipo conocía la norma, ambas normas. Pero nosotros realizamos solo aquellas labores que nos corresponden en este caso en particular y que nos exige la ley, que es la revisión de la legalidad de los decretos supremos que firma el Presidente de la República», puntualizó la abogada Moya.
“Nos correspondía la revisión técnico-legal de este acto administrativo, en particular para el caso que nos reúne hoy, el decreto 38″, añadió la asesora en la comisión. Cabe destacar que a la comisión asistió en compañía del Ministro Álvaro Elizalde, quien brindó un total respaldo.
Caso Allende: Asesora de presidencia admitió que conocía inhabilidad para compra de casa y no informó a Boric. “Una vez que concluimos que el decreto se ajustaba al ordenamiento jurídico y estaba en condiciones de pasar la toma de razón que realiza la Contraloría General de la República, el decreto fue presentado ante el Presidente de la República», complementó.
Indignación en parlamentarios de Oposición
Tras la explicación que brindó la abogada de la Segpres, se dio el momento en que la diputada Paula Labra, integrante de la comisión, planteó fuertemente sus reparos. “¿Usted no conocía el artículo 37 y 60 de la Constitución? Es decir, ¿no sabía que los ministros y parlamentarios no pueden celebrar contratos con el Estado?”, planteó. Su indignación se alojaba en que los argumentos de Moya dieron a entender que informar sobre inhabilidades en el proceso de compra, no era parte de su trabajo.
«En el Chile de Boric, la legalidad es opcional, la complicidad es protocolo, y la Constitución un papel para envolver empanadas», ironizó Cristián Araya.
Mira los argumentos a continuación.
Francisca Moya, Jefa de la División Jurídica-Legislativa de la Segpres, reconoce que conocía de la norma que establece la inhabilidad de Isabel Allende, pero añade que lo que les corresponde es “un aspecto muy específico que es la revisión técnico legal de este acto… pic.twitter.com/0PjaAcemeN
— Poirot Escovedo (@poirotes) April 7, 2025