La Contraloría General de la República ordenó la realización de un nuevo sumario al interior de las administración pública. Esta vez, en el hospital Barros Luco, por la realización de una exposición «del nuevo proyecto de constitución, en lo relativo al área de salud» efectuada por el ex vicepresidente de la convención constitucional, Gaspar Domínguez.
Mediante el dictamen E247443 de la Contraloría Regional Metropolitana, la entidad fiscalizadora instruyó a la directora del Hospital «ordenar la instrucción de un procedimiento disciplinario, a fin de determinar y hacer efectivas las eventuales responsabilidades administrativas de los servidores públicos involucrados en la situación en cuestión, debiendo remitir a esta entidad de Control una copia del acto administrativo que disponga su inicio, dentro del plazo de 15 días hábiles, contado desde la recepción del presente oficio».
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En un documento de cuatro páginas, firmado por el Contralor regional metropolitano, René Morales, se detalla que «los servidores y autoridades de los órganos de la Administración del Estado, están impedidos de realizar cualquier actividad de carácter político utilizando bienes públicos».
Así «en mérito de lo expuesto, y de los antecedentes disponibles, es posible advertir que la actividad en comento involucró la utilización de tiempo de la jornada laboral y bienes institucionales en fines ajenos a los asistenciales que compete cumplir a esa entidad hospitalaria, ya que abordar el tema de la propuesta de nueva constitución no se enmarca en el concepto de reunión clínica que se invoca, más aún si se considera el contexto en el cual se desarrolla tal actividad» expresa.
Según se indica, la Contraloría » constató que el desarrollo de la actividad convocada por la jefatura del servicio de medicina del Complejo Asistencial Barros Luco Trudeau, no se enmarcó en el cumplimiento de las labores propias de ese Hospital, situación que implica una infracción al deber de las autoridades y funcionarios públicos de utilizar el tiempo de la jornada laboral y los bienes institucionales únicamente en el cumplimiento de las funciones del servicio público respectivo».
Y «no en fines ajenos a ello, como habría acontecido en la especie, por lo que esa repartición hospitalaria deberá adoptar las medidas necesarias para evitar la reiteración de situaciones como la acá observada«, plantea el dictamen.
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