Estados Unidos lanzó esta semana un golpe inédito —y con fuerte carga política— contra el Gobierno chileno. El Departamento de Estado anunció la revocación de visas a tres funcionarios del Ejecutivo saliente, acusándolos de haber participado en acciones que, según Washington, “socavaron la seguridad regional” y comprometieron infraestructuras críticas, un señalamiento que no solo empaña la imagen de personas específicas, sino que abre un flanco internacional delicado para la administración de Gabriel Boric a pocos días de su término.
En una declaración oficial, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, afirmó que estas medidas forman parte del compromiso de su país con la seguridad hemisférica, y sostuvo que los tres funcionarios —cuyos nombres no han sido revelados públicamente— habrían “dirigido, financiado o prestado apoyo significativo” a actividades contrarias a esa seguridad. Como consecuencia, no solo se les revocó toda visa vigente, sino que también se impide el ingreso a Estados Unidos a ellos y a sus familiares directos.
EEUU revoca visas a funcionarios chilenos
Pero el trasfondo va más allá de una simple sanción migratoria. En el mismo comunicado, Rubio deslizó una crítica directa al legado del gobierno de Boric, asegurando que quedará “aún más empañado por acciones que socavan la seguridad regional”, una frase inusual que introduce un juicio político explícito desde Washington contra la administración chilena que está por terminar. La medida fue además acompañada de una mirada hacia el futuro, señalando que Estados Unidos espera “avanzar en prioridades compartidas”, incluida la seguridad hemisférica, con la próxima administración liderada por José Antonio Kast.
El impacto en la escena política chilena no se ha hecho esperar. Voces opositoras han exigido transparencia total, con figuras como el senador Iván Moreira solicitando que se revelen los nombres de los funcionarios sancionados y pidiendo una investigación en profundidad sobre las acusaciones que motivaron la medida estadounidense. Para algunos, esta sanción no solo revela tensiones políticas, sino también fragilidades en cómo Chile ha manejado ciertas relaciones estratégicas en el continente en los últimos años.
A pocos días del cambio de mando en La Moneda —con Kast asumiendo el 11 de marzo— este episodio marca un antes y un después en la narrativa externa del gobierno de Boric. Lo que se presenta como una acción de política exterior estadounidense contra funcionarios específicos podría terminar siendo interpretada como un síntoma de fracturas diplomáticas más profundas entre Santiago y Washington, justo cuando se reconfiguran alianzas y prioridades en el hemisferio.
