La crisis de las isapres está desatada luego que hace pocas semanas la Corte Suprema declarara inconstitucional el alza en los planes de salud por factores de riesgo como sexo y edad.
Este hecho podría desembocar en un escenario muy complejo para las aseguradoras privadas, lo que pone en jaque su operación y alerta al ya moribundo sistema público de salud chileno.
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Todo este conflicto es de larga data y comenzó en el año 2010, cuando el Tribunal Constitucional calificó como inconstitucional y derogó la facultad de la isapres de aplicar la tabla de factores por edad y sexo.
Luego de ello, en 2019, la Superintendecia de Salud instruyó a las aseguradoras para aplicar una tabla única de factores eliminando así la discriminación por género y restringiendo aquella basada en la edad del afiliado.
Sin embargo, no fue hasta agosto de 2022 que la Corte Suprema frenó el reajuste de planes y el reciente fallo de que obliga a las aseguradoras a dejar sin efecto la tabla de factores.
Tabla y crisis del sistema
La tabla de factores es la herramienta que las aseguradoras han usado para ajustar el precio de los planes de salud en relación al riesgo de los afiliados, la edad de cada uno de ellos y el sexo.
Esta práctica fue la que la Suprema ordenó dejar sin efecto, lo que implica que las Isapres no pueden usar esta tabla en relación al sexo y la edad para fijar los valores de cada uno de los planes.
En la práctica, el fallo de la Corte estableció que no se puede cobrar por los afiliados menores de dos años y que la tabla que fue confeccionada en 2019 debe ser la que se aplique a la totalidad de los afiliados al sistema y que dicha adecuación deberá ser determinado en un plazo de 6 meses.
Junto con lo anterior, el fallo indica que luego de establecer el precio final por cada plan, los excesos cobrados deberán ser devueltos como excedentes a los afiliados.
Costos para el sistema
Según cifras iniciales, la crisis de las isapres hace ver con preocupación la interpretación de la nueva normativa y abogan por una implementación amistosa que no ponga en riesgo la sostenibilidad del negocio y del sistema.
En este sentido y realizados los cálculos, el fallo podría implicar pérdidas inmediatas para una isapre de entre US$ 200 y US$ 300 millones anuales a lo que se sumaría un costo de más de mil millones por devoluciones retroactivas.
Estos números ponen el alerta a las aseguradoras quienes han solicitado a la brevedad que la Superintendencia establezca un mecanismo que evite el colapso del sistema.
Cruz Blanca y el despido de su fuerza de ventas
La crisis de las isapres recién comienza y ha sido Cruz Blanca, aseguradora de Bupa, la que cayó en primer lugar.
Dicha institución, controlada por el grupo británico Bupa, despidió a toda su fuerza de venta presencial y puso la primera alerta en lo que sería el desplome del sistema.
Dado el escenario, los demás aseguradores privados ya comenzaron a contactar a empresas reorganizadoras para afrontar el difícil escenario y el despido de personal se evalúa pero, el freno es el alto costo de los finiquitos.
Por lo pronto, las primeras medidas ya se hacen sentir. A la reducción de personal, se han sumado la baja considerable en los costos de operación, el cierre de sucursales y la baja en la inversión publicitaria.
Otra de las señales es que los aumentos de capital han desaparecido. según consigna el Diario Financiero, por ejemplo Consalud que en 2021 recibió más de $90 mil millones en aportes, bajando en 2022 a $26 mil millones.
La meta del sistema único de salud
La crisis de las isapres no es un tema netamente relativo a su continuidad, sus afiliados y las prestaciones que entrega. Además de ello, el asunto ha sido mirado de cerca por el gobierno quienes, en su campaña plantearon derechamente cambiar la estructura del sistema.
Así se deja ver el el programa del Presidente Gabriel Boric, quien siendo candidato, propuso la creación del FUS (fondo único de salud) que contempla la administración centralizada y estatal del 7% de aporte que hacen los trabajadores chilenos.
El programa plantea textual, “el FUS recaudará y administrará las cotizaciones de las y los trabajadores (7%), junto a los aportes del Estado. Con ello terminaremos con el negocio de las ISAPRE, las cuales se transformarán en seguros complementarios voluntarios, lo que nos permitirá una administración más eficiente y que asegure equidad”.
Este hecho preocupa aún más a las aseguradoras privadas y a sus afiliados, ya que al tener un fallo judicial que debe ser puesto en práctica por un ente estatal, como es la Superintendencia de Salud, hace al gobierno tener la sartén por el mango y, a través del desplome del sistema, apropiarse de los fondos que aportan los trabajadores.
Este hecho, sin duda, podría significar un claro retroceso en el sistema de libertad de elegir que hoy impera en Chile y pasaría a ser un método mañoso de implementar un sistema estatal obligatorio, para todos sin distinción.
Más de tres millones de afiliados en riesgo
La crisis de las isapres podría no solo dejar números en rojos y quiebras millonarias. Sino que también un problema directo a más de tres millones de adscritos al sistema.
Esto no sólo es una bomba de tiempo para estos afiliados, sino también es seguido de cerca por el fondo público de salud, Fonasa, quienes ven con preocupación un éxodo masivo de pacientes del modelo particular al sistema estatal.
Escenarios hay varios y uno que ya evalúa el ministerio es que, si existiese quiebras de aseguradores, se optaría por licitar a los afiliados a las que sigan operando.
El punto es que muchos de esos afiliados tienen preexistencias y son caros de solventar, por lo que nada asegura que dichos operadores acepten la totalidad de los pacientes.
En ese caso, ya se piensa en una especie de tramo E dentro de Fonasa que permita la inclusión de esos pacientes en el sistema.
De todas formas esto reviste un problema mayor ya que, actualmente Fonasa tiene listas de espera, sólo por atenciones GES de mas de 300 mil pacientes. Esto es grave si se suma la lista de espera por atenciones de especialidades que bordea las 3 millones de atenciones.
