Tres de los sobrevivientes del Grupo de los 13, que suscribieron una declaración condenando el golpe de Estado de Augusto Pinochet, enviaron una declaración informando que votarán rechazo en el próximo plebiscito de salida.
Se trata de Belisario Velasco Baraona, Baldemar Carrasco Muñoz y Jorge Donoso Pacheco quienes firmaron la misiva anteriormente mencionada.
En el texto, parten mencionando que «fuimos decididos opositores a la Constitución de la dictadura, aprobada fraudulentamente en 1980. Por lo mismo, apoyamos los numerosos cambios hechos en democracia, desde la derogación del artículo que declaraba ilegales a los partidos inspirados en la doctrina marxista hasta la eliminación de los senadores designados y la eliminación del sistema binominal, en post de fortalecer la democracia y la tolerancia en nuestra patria».
Si bien reconocen el haber apoyado la creación de una convención constituyente, no les agradó el resultado de esta, enfatizando en distintos argumentos.
Los argumentos de los integrantes del Grupo de los 13
«Ella debía ser una norma que consagre los derechos fundamentales reconocidos universalmente y un sistema político que permitiera gobernar a quienes la voluntad popular les entregase ese mandato, con respeto a los derechos de la oposición y de las minorías. Queríamos fortalecer un Chile republicano, demócrata y unitario, con una Constitución que una a todos los chilenos», con este punto inician a dar los argumentos los tres firmantes del texto del Grupo de los 13.
En esa misma línea, agregan que la nueva Constitución, «establece un sistema político que termina con una larga tradición de nuestro sistema democrático, el que se funda en la independencia y colaboración de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial».
En lo que se refiere al Poder Ejecutivo, mencionaron estar en contra debido a que «el presidente de la República carecerá de la iniciativa exclusiva para los proyectos de ley relativos al gasto público y en materias previsionales, y en materia de seguridad pública, en los estados de excepción constitucional elimina el estado de emergencia, herramienta necesaria para resguardar a la ciudadanía en casos graves».
Respecto al Poder Legislativo, en la misiva destacan que “no existirá el necesario contrapeso entre las dos cámaras para la formación de las leyes, ya que no hay simetría entre el Congreso de los Diputados y Diputadas y la llamada Cámara de las Regiones, con la consiguiente e inexplicable eliminación del Senado».
«El Poder Judicial también desaparece y se crean los Sistemas Nacionales de Justicia, separando los tribunales ordinarios de los propios de pueblos originarios,
en los que la facultad jurisdiccional queda entregada a autoridades de esas etnias. Se crea un Consejo de la Justicia con amplias atribuciones, en que los jueces son minoría. Está integrado por 17 personas, entre ellos dos representantes de los pueblos originarios y cinco elegidos por el Congreso, lo que abre la posibilidad de injerencia de otros actores en las atribuciones del Poder Judicial».
Finalmente, mencionan que «el sistema electoral se distorsiona con escaños reservados, lo que nos hace recordar a los senadores institucionales (designados) de la Constitución de Pinochet. Estamos frente a un proyecto de Constitución que deja preparado el camino a la posibilidad de una dictadura populista de cualquier signo.
