La tragedia del megaincendio que desoló la región de Valparaíso en febrero de 2024 —uno de los mayores desastres naturales en la memoria reciente del país— ha dado un giro político y judicial que amenaza con reabrir heridas aún abiertas entre damnificados, autoridades y ciudadanos expectantes. La Fiscalía Nacional confirmó este miércoles el inicio de una investigación penal por millonarias irregularidades detectadas en el uso de fondos públicos destinados a enfrentar la emergencia, luego de una serie de informes de la Contraloría General de la República que dejaron al descubierto un desorden mayúsculo en la gestión de recursos.
Los detalles van mucho más allá de una simple “anomalía contable”. Según los antecedentes remitidos a la Fiscalía Regional de Valparaíso, las auditorías revelaron pagos no acreditados, gastos improcedentes, sobreprecios y falencias graves en procesos de compra y control interno en organismos públicos y municipalidades que estuvieron al frente de la reconstrucción y atención tras el siniestro. Entre los hallazgos más críticos se encuentra el uso de más de $1.100 millones comprometidos en demolición de viviendas siniestradas, recursos que ahora están bajo la lupa del Ministerio Público por posible delito.
Fiscalía lanza ofensiva penal
Los informes de Contraloría no se limitaron a una sola entidad. La Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, las municipalidades de Viña del Mar y Quilpué e incluso la Dirección Regional de Arquitectura del MOP fueron señaladas por irregularidades como pagos indebidos, trato directo injustificado y falta de trazabilidad en la entrega de ayudas, sumando observaciones por más de $1.800 millones en irregularidades totales según distintos reportes públicos.
La respuesta política no se ha hecho esperar. Desde la Delegación Presidencial aseguran que ya se han abierto sumarios administrativos internos y han colaborado con el envío de antecedentes tanto a la Contraloría como al Congreso y al Consejo de Defensa del Estado, mientras que la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, ha defendido su gestión, aduciendo que la urgencia del desastre obligó a medidas excepcionales que “escaparon a los conductos regulares”.
Para muchos damnificados y críticos, sin embargo, estas explicaciones no bastan. La reconstrucción todavía avanza de forma lenta, con miles de familias esperando soluciones habitacionales concretas casi dos años después de que las llamas arrasaran con sus hogares, y ahora emerge la inquietante pregunta de qué pasó realmente con parte de los recursos que debían aliviar su drama. La investigación penal abierta por la Fiscalía —que podría derivar en imputaciones si se confirman delitos— pone sobre la mesa no solo una crisis administrativa, sino una potencial crisis de confianza en cómo el Estado maneja emergencias de gran magnitud.
