adquisición de 10 nuevas patrullas policiales. A ello se añadió la adhesión de unas 800 cámaras de vigilancia de las vías concesionadas a la red policial de vigilancia que operan las policías y la Subsecretaría de Prevención del Delito, y la implementación de un sistema de detección automática de incidentes en los 20 puntos de mayor ocurrencia de delitos.
Acuerdo no contempla intervención estructural
Con estas medidas los privados esperan aplacar la «fiebre judicial» que estaban impulsando varios abogados y víctimas y encerronas que, ante los últimos hechos de violencias, habían anunciado demandas colectivas contra las concesionarias de autopistas por falta de servicio. Sin embargo el encuentro no reveló acuerdo alguno para modificar estructuralmente algunas vías urbanas concesionadas, cuya geometría y puntos ciegos, además de la falta de espacio para los conductores implican una oportunidad única para que los delincuentes puedan llevar a cabo sus delitos en total impunidad.
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