Cinco son las medidas que adoptarán en conjunto las concesionarias de autopistas urbanas y el Gobierno, a través de la Subsecretaría de Prevención del Delito, para enfrentar la ola de encerronas y delitos violentos que día a día sufren cientos de usuarios al interior de estas vías concesionadas.
La medida, que implicará una inversión privada de mil millones de pesos de parte de las concesionarias de infraestructura, apunta mejorar las condiciones preventivas del servicio que ofrecen a sus usuarios y que son objeto de una pésima evaluación por parte de los automovilistas, apunta también a frenar el creciente interés de parte de las víctimas de estos delitos por impulsar demandas colectivas contra las autopistas urbanas por falta de servicio.
Así, según lo anunciaron el ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García, el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, el presidente de la asociación de concesionarios, Leonardo Daneri, y Carabineros, en una visita a las instalaciones de Costanera Norte, donde se suscribió el convenio. En la cita estuvo presente también el más alto ejecutivo de Grupo Costanera, Diego Savino, además de Carabineros.
En el detalle, las autopistas se comprometieron a realizar una inversión de $1.000 millones en el mejoramiento de planes de vigilancia y capacidad de respuesta a estos delitos de parte de los privados. También se anunció la construcción de 10 bases o parqueaderos para la policía dentro del perímetro de las concesiones, y la adquisición de 10 nuevas patrullas policiales.
A ello se añadió la adhesión de unas 800 cámaras de vigilancia de las vías concesionadas a la red policial de vigilancia que operan las policías y la Subsecretaría de Prevención del Delito, y la implementación de un sistema de detección automática de incidentes en los 20 puntos de mayor ocurrencia de delitos.
Acuerdo no contempla intervención estructural
Con estas medidas los privados esperan aplacar la «fiebre judicial» que estaban impulsando varios abogados y víctimas y encerronas que, ante los últimos hechos de violencias, habían anunciado demandas colectivas contra las concesionarias de autopistas por falta de servicio.
En la instancia, Daneri comentó que «nuestras capacidades están a disposición de las autoridades que tienen por Ley el mandato y las herramientas para el combate del delito. Este anuncio es prueba de aquello y seguiremos en coordinación con las autoridades y en la mesa de trabajo”,
Sin embargo el encuentro no reveló acuerdo alguno para modificar estructuralmente algunas vías urbanas concesionadas, cuya geometría y puntos ciegos, además de la falta de espacio para los conductores implican una oportunidad única para que los delincuentes puedan llevar a cabo sus delitos en total impunidad.
