Con una votación que casi duplicó al rechazo, la Cámara de Diputados y Diputadas aprobó y despachó a ley el proyecto que sanciona con penas punitivas el porte injustificado de combustibles en marchas y concentraciones.
La votación por el apruebo de la iniciativa alcanzó 83 votos, mientras que el rechazo solo alcanzó 45 preferencias y hubo ocho abstenciones.
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El resultado de la votación significó un revés para el Gobierno y especialmente para la ministra de Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá.
La jefa de Gabinete, que en julio pasado se había manifestado en contra y amenzó con vetar la iniciativa.
De hecho, la jefa del Gabinete presidencial había amenazado -cuando la norma salió de la Cámara de Diputados y Diputadas- con vetar la iniciativa.
La iniciativa se discutió en el marco de la agenda de seguridad comprometida por el Ejecutivo.
Fue despachada como delito desde la comisión de Seguridad de la cámara baja.
Ello, pese a que el Ejecutivo había calificado el carácter del hecho como simple falta y no como crimen, como quedó finalmente despachado de la Cámara de Diputados y Diputadas.
Obviamente, el fondo de la norma apunta a controlar el uso y producción de bombas incendiarias -o molotov- en marchas y protestas.
En resumen, la nueva norma apunta a que quienes sean sorprendidos o controlados en las inmediaciones de una convocatoria a marcha en espacio público sin justificación sean detenidos y formalizados.
Ahora, quedará en manos del Presidente Gabriel Boric promulgar la nueva ley, que castiga con penas punitivas el porte injustificado de acelerantes o combustibles en marchas y/o concentraciones.
Despacho de la Cámara de Diputados
Así, la futura ley sancionará con cárcel el porte injustificado de estos elementos acelerantes o combustibles en marchas.
Desde su promulgación se castigará de 61 a 301 días de presidio -menor en su grado mínimo a medio- por la comisión de este nuevo delito.
De hecho, quienes en «lugares de uso público», porten sustancias aptas para cometer atentados contra las personas o cosas, recibirán penas de cárcel.
Cabe recordar que en julio pasado, la ministra Carolina Tohá había amenazado con vetar el proyecto, alegando discordancia de las sanciones.
No obstante, en esta ocasión el Ejecutivo afirmó que no vetaría la norma, pues buscaría concentrar sus esfuerzos en la tramitación de la ley de usurpaciones.
