La ministra vocera del Poder Judicial, Viviana Vivanco, valoró hoy la decisión del Ministerio del Interior y Seguridad Pública de evaluar jurídicamente las implicancias penales y ampliar las querellas que el Estado mantiene sobre el líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul.
El Gobierno se había excusado ayer de emprender más querellas criminales, esta vez en la persona de Llaitul -quien formuló diversas amenazas y un llamado a la violencia armada y el sabotaje en una entrevista digital- pero luego retrocedió y decidió ampliar las querellas ya en marcha por materias de seguridad y atentados (reivindicados por la CAM) en la macrozona sur .
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A juicio de Vivanco, es una «buena opción que finalmente se haya decidido ampliar las querellas porque creo que agiliza ese proceso que estaba un poco entrabado».
La vocera del Poder Judicial añadió que las amenazas y llamados a la violencia del líder de la CAM «este tipo de anuncios, que son muy graves, por lo menos tienen que concitar una revisión jurídica para ver si están dentro del ámbito del derecho o no lo están. No puede ser que se digan amenazas en sentido amplio y que esto quede, de alguna manera, bajo la alfombra de una aparente libertad de expresión, cosa que evidentemente no lo es», dijo.
Para Vivanco el vocero de la CAM está haciendo «anuncio y me parece que es un anuncio creíble, que viene además de una persona que tiene el poder para realizar esas conductas y, en consecuencia, creo que es bastante visible que se encuadra en ese ámbito (amenazas) y no en el ámbito de la libertad de expresión. Aquí se trata de conductas anunciadas y corresponde hacer una revisión jurídica, sin perjuicio a lo que respondan los tribunales, porque de otra manera esto podría transformarse en una costumbre», precisó la jurista.
Respecto de los comentarios del Fiscal Nacional, Jorge Abbott, en cuanto a que se requería una querella del Ejecutivo para indagar si los dichos de Llaitul serían costituitvos de delito, Ángela Vivanco expresó que «hay recursos y hay modos de investigar y de poder hacer valer las normas legales frente a conductas de esta especie. No es que si el Gobierno no movía una pieza nada se podría hacer. Ahora, bien que el Gobierno haya movido esa pieza, porque eso de alguna manera destraba la situación»,
