Inexplicable: Clan familiar recaudó $2.700 millones por año en rescates aero médicos sin licitación.
Una cifra récord y a la vez curiosa, superior a los $2.699 millones recaudó solo en el último año un solo clan familiar que opera como proveedor exclusivo del Estado para los traslados aeromédicos de emergencia en la Región de Aysén.
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La inexplicable cifra corresponde a un total de 443 operaciones aéreas de emergencia -que se tramitaron vía trato directo y sin licitación en su mayoría- registradas entre marzo de 2024 y el mismo mes de este año.
El cálculo anterior implicaría que durante el último año, la región de Aysén -pese a sus dificultades de conectividad terrestre, territorial y climática- demandó una ambulancia aérea para más de un paciente en condición de gravedad por día (1,2 personas al día), de lunes a domingo.
Ello, pese a que la región del General Carlos Ibáñez del Campo posee solo el 0,6% de la población del país (alrededor de 20 mil habitantes) y el 88% de sus habitantes vive en zonas urbanas, próximas a algún recinto de atención médica.
En lo medular, las 443 órdenes de compra tramitadas por el Fisco entre marzo de 2023 y marzo de 2025, se componen de 143 vuelos de Transportes San Rafael, mientras que otros 300 fueron pagados a la empresa Attitude Spa, creada solo en mayo de 2023 por un hijo de Meyer.
Clan familiar recauda $2.700 millones al año
Entre ellas, aparecen al menos 331 comprobantes de transacciones denominadas «reguarizaciones» que dan cuenta del pago fuera de contrato, licitación, convenio o algún otro mecanismo formal de contratación fiscal.
De hecho, la mayoría de las órdenes de compra por regularización a las que tuvo acceso este diario corresponden a operaciones aéreas sin respaldo administrativo.
Se trata de las empresas Transportes San Rafael y Attitude S.A., ambas ligadas al clan liderado por el empresario Fredy Meyer Rosdenberg.
Entre ambas compañías, el clan Meyer realizó 443 operaciones aéreas por mandato de autoridad de salud pública local, lo que en promedio implicó un costo de $6,8 millones por cada vuelo.
Así se desprende de la revisión de las Ordenes de Compra tramitadas por la Dirección de Salud Rural y el hospital de Cochrane, dependientes del Servicio de Salud local y la Seremi regional, que son las entidades habilitadas para establecer compras directas de este tipo de servicios.
«El señor de los Cielos» de Aysén
EL grupo empresarial enfrentó diversos cuestionamientos hace unos años, debido a la amplia red social y comercial que según se acusa, estarían prácticamente al servicio del lucrativo y monopólico pequeño imperio aéreo que Meyer Rosenberg ha construido en la región austral.
A ello se suma que el servicio de rescates y traslados aero-médicos se realizan desde 2019 mediante la modalidad de «Trato Directo» -sin licitación ni concurso público alguno-, debido a que los dos procesos abiertos en este plazo fueron declarados desiertos.
El primero de ellos, cuestionado y desechado entonces por la propia autoridad de Salud, a instancias de las Contraloría de Aysén, tras comprobarse que Transportes San Rafael (único oferente del proceso) presentó como tripulación a funcionarios públicos.
De hecho, según el órgano contralor, la irregularidad de la licitación ID 734-1-LQ19 debió ser declarada desierta luego de que la oferta presentada por la firma matriz de Meyer ofertó incluyendo en su nómina de trabajadores a dos médicos, que eran precisamente los encargados de administrar y disponer la contratación del mismo servicio que estaban ofertando desde el sector privado.
Así al menos se estableció en el acta que declaró desierto el proceso de postulación al detectar que la oferta en cuestión presentó en su «´Nómina Tripulación Médica del Avión Ambulancia´, donde se encuentran profesionales funcionarios que se desempeñan como funcionarios de SAMU del Servicio de Salud Aysén y que son los médicos reguladores que tienen a su cargo la determinación de la necesidad de realizar o no una evacuación aero médica intrarregionales».
Historial de cuestionamientos
Pero también surgieron otros cuestionamientos, parecidos al proceso de licitación, que son un secreto a voces en la región de Aysén.
Entre ellos, los más repetidos apuntan a un presunto aprovechamiento financiero del sistema público al cobrar precios exhorbitantes por operaciones que a valor de mercado y bajo un esquema de competencia, podrían reducirse en al menos 30%.
En la actualidad, los precios de mercado -en servicios cotizados para traslados aéreos convencionales- revelan que los pagos desembolsados por el Fisco para las aero-ambulancias podrían reducirse en al menos 40 por cuento.
Es decir, por peso invertido en el traslado de pacientes críticos dentro de la región de Aysén, el Estado podría ahorrarse al menos el 40%.
La inusual diferencia en los precios fue publicada en una investigación periodística informal ampliamente difundida en la región y que dio cuenta de que ya en 2022 se habrían producido importantes sobreprecios.
De acuerdo a dicha tabla comparativa, al medir los precios pagados por el Servicio de Salud de Aysén con los valores cotizados, la empresa de Fredy Meyer habría logrado recaudar pagos que excedieron entre 17,7% y 68,55% lo que otras firmas aéreas aún presentes cotizaron por los mismos vuelos.
Sobreprecios y cotizaciones digidas
A modo de ejemplo, el artículo de prensa detalló que un traslado aéreo entre Coihayque y Chile Chico debió costar no más de $2,4 millones, mientras que las órdenes de compra extendidas al clan Meyer llegaron a cobros de entre $3,9 y $4,4 millones por poco menos de una hora de vuelo.
La misma investigación reveló que para un vuelo de traslado aeromédico entre Coihayque y Puerto Ibáñez, el pago del Estado promedió los $3.295.000 para un vuelo de 36 minutos que se habría cotizado por no más de $2,3 millones de haber contado con un mercado competitivo.
El tema también fue abordado por el periódico local El Divisadero, que informó acerca de un sumario sanitario irregular aplicado por la autoridad sanitaria local en contra de la empresa Aerotaxis del Sur, de larga tradición aeronáutica en la zona, pero posteriormente fue desestimado por la Corte de Apelaciones.
El medio dio cuenta de una acusación directa del propietario de la firma afectada, Ernesto Hein, quien apuntó directo al clan Meyer como los presuntos instigadores del caso, con la finalidad de favorecerse como «la única empresa que hace este tipo de traslados (…) que cobra el doble que Aerotaxis del Sur».
En ese contexto, resalta una denuncia en contra de uno de los encargados del Samu -entidad que administra los encargos de aero ambulancias por parte del servicio de Salud de Aysén-, el enfermero Marcos Saldivia, quien también aparece ligado laboralmente a la empresa Transportes San Rafael.
Si bien el caso fue denunciado oficialmente a la Contraloría regional, finalmente fue desechado, encontrándose solo irregularidades en la contratación cruzada de una ambulancia terrestre entre el organismo público y la empresa de Fredy Meyer.
El rol del ex fiscal Palma
Según fuentes del caso, la situación denunciada por Hein y resuelta por la Corte también llegó a manos del ex fiscal regional Carlos Palma, esperándose que la Fiscalía de Aysén interviniera por oficio indagando la participación de funcionarios públicos en el caso.
en 2022 también se efectuaron denuncias directas ante el Ministerio público local, quedando en manos de Palma, pero hasta la fecha se desconoce el destino de esa gestión.
No obstante, no existe constancia de que el cuestionado ex persecutor haya tomado medidas frente a los indicios concretos del eventual fraude al Fisco y una serie de irregularidades cometidas por los funcionarios públicos acusados de favorecer las operaciones de la empresa de Meyer, según alegó entonces la empresa Aerotaxis del Sur.
Cabe recordar que desde 2023 el ex fiscal Palma permanece en condición de públicamente inubicable tras revelarse sus contactos con el abogado Luis Hermosilla a quien le habría filtrado información reservada de una causa por tráfico de drogas.
La versión de Fredy Meyer
Abordado por www.sintesisChile.cl el empresario Fredy Meyer prefirió recurrir a una empresa de asesorías comunicacionales a quienes se les planteó una serie de interrogantes.
La idea era obtener respuestas sobre los sobreprecios y las presuntas relaciones impropias con los funcionarios de salud y el carácter de los vuelos realizados que se cobraron al Fisco.
Frente a ello, la empresa prefirió que el gerente de Operaciones, Rodrigo Fuentes, respondiera las interrogantes.
Sin mencionar lo medular respecto de los sobrecostos, el exceso de ordenes de compra vía «Regularización» y la presencia de una nueva compañía ligada al clan Meyer, el vocero de la empresa intentó explicar algunos aspectos relacionados con la operación.
«Nosotros no tenemos acceso a las cotizaciones de los demás oferentes por lo que no conocemos la diferencia de precio (…) desconocemos si tal como indica, la empresa cotiza un 20-60% más», precisó el ejecutivo, depositando en la autoridad sanitaria local la responsabilidad por los sobreprecios.
No obstante, más tarde -y sin aceptar una entrevista directa- el gerente de Operaciones de Transportes San Rafael añadió que «la diferencia de precio indicada no está de acuerdo a lo que nosotros conocemos, lo que se puede evidenciar al comparar Ordenes de Compra de nosotros con los de otras empresas, en los tramos realizados por la empresa».
Consultado respecto de las licitaciones declaradas desiertas, Fuentes indicó que «si se ha llamado a licitación en varias oportunidades; procesos en los que la empresa ha participado, siendo declaradas desiertas».
No obstante, el ejecutivo no mencionó que el proceso licitatorio de 2019 no se pudo ejecutar porque su empresa presentó como parte de su tripulación a dos funcionarios públicos, los mismos que estaban encargados de administrar la contratación de los servicios, como lo reveló la Resolución Exenta 624, del 6 de marzo de 2019.
De hecho, frente a la consulta respecto de este último episodio y las acusaciones por presuntos tratos impropios con funcionarios de la salud pública local, Fuentes se limitó a comentar que «no tenemos información al respecto».
Finalmente, en cuanto a la consulta respecto de la certificación, mantención, desgaste y horas de vuelo, el gerente de operaciones de Transportes San Rafael indicó que «la empresa cuenta con 3 aeronaves las que se encuentran registradas y certificadas en la DGAC y SEREMI de salud para ejecutar las funciones de aeroambulancia».
En tanto que desde la Seremi local, el Servicio de Salud de Aysén y el Samu -entidad encargada de realizar la contratación de los vuelos vía trato directo mediante simple cotización- no fue posible encontrar a ninguna autoridad, ni encargado, para responder las dudas en torno al caso.
Inexplicable: Clan familiar recaudó $2.700 millones por año en rescates aero médicos sin licitación.
