Un requerimiento dirigido al subsecretario de Transportes para que se informe si los servicios de traslado de pasajeros pueden optar a un subsidio presentó esta semana la empresa Transber, principal operador de recorridos de Buin-Maipo.
El documento, oficializado este lunes en dependencias de la Subsecretaría de Transportes, busca que la autoridad reguladora del transporte defina si la Gobernación cuenta o no con atribuciones para disponer los recursos de subsidio estatal del que actualmente gosa Transantiago.
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La inquietud, surgida a partir de las constantes críticas vertidas por municipios y vecinos al creciente deterioro de los denominados Perímetros de Exclusión -que operan fuera del sistema RED- y que el Estado debería subsidiar para contrarrestar las desigualdades que el sistema de transporte traspasa a los usuarios de provincias, aunque sean metropolitanas.
¿Hay reglamento?
Lo medular del pedido, que podría escalar a todos los servicios de transporte no licitado del país, radica en que desde la instauración de la Ley de Subsidio al Transporte, en 2009, aun no existe un reglamento que organice la forma en que el Estado está dispuesto a subsidiar directamente los traslados de pasajeros en zonas semi urbanas fuera de Santiago.
El requerimiento, que conlleva una obligación implícita para que el Estado se pronuncie, busca que el Gobierno se pronuncie respecto de dicho reglamento, luego de que éste fuera comprometido en al menos dos actualizaciones de la denominada Ley Espejo Transantiago pero que hasta la fecha no se ha concretado.
La problemática detrás de ello la han experimentado todas las regiones y zonas no metropolitanas del país, donde los gobiernos regionales han preferido utilizar dichos fondos -destinados originalmente al subsidio directo de los pasajes- para realizar obras civiles, financiar proyectos de infraestructura y hasta comprar dispositivos de control a la operación del Transporte.
Entre estas operadoras se encuentra la empresa Transber, la mayor operadora de transporte de pasajeros entre el sector de Buin-Maipo y los principales terminales de pasajeros de Santiago.
La empresa, conformada por varios micro empresarios, adjudicataria legal de varios servicios entre las comunas de la zona semi urbana del sur de la capital, ha visto cómo su operación se ha ido deteriorando producto de la falta del interés del Estado por sus pasajeros, sumado al desinterés de los gobiernos por los llamados «pasajeros no Transantiago».
«Estamos asfixiados»
Consultado respecto de la motivación de su presentación ante el Ejecutivo, Luis Vargas, representante de la empresa, comentó que «al día de hoy y en los últimos años hemos sido víctimas de la falta de voluntad para resolver un problema que afecta tanto a pasajeros como a mini empresarios».
Consultado por la problemática central del problema, el empresario alegó que «en lo medular, nosotros operamos bajo una gran presión por mantener un servicio óptimo para nuestros pasajeros, pero las condiciones desiguales y la falta de un financiamiento de equilibrio, nos obliga día a día a hipotecar nuestro propio patrimonio para cumplir con las necesidades de nuestros pasajeros».
Según Vargas «la verdad es que estamos asfixiados. Día a día damos un servicio de buena fé en mejorar lo que la autoridad al parecer no quiere mejorar o por último formalizar por medio de un reglamento de subsidios justo que esperamos hace años».
En tanto que Jorge Vargas, abogado patrocinador de la iniciativa, apuntó que este requerimiento presentado ante el subsecretario (de Transportes) Jorge Daza, apunta a que se nos informe -ante la falta de un reglamento claro que organice el tema de los subsidios- si la facultad de disponer de recursos de subsidio directo que beneficie a nuestros pasajeros en la RM, que también son ciudadanos, está o no en manos del Gobierno Regional».
Resistencia local
La presentación de Transber se convierte en la sexta gestión directa de la empresa ante la autoridad del transporte en Chile, luego de que antes se recurriera a la justicia, la Contraloría e incluso el Gobierno Regional.
De hecho, en el proceso jurídico que la empresa local de Buin sigue en los tribunales en contra del Estado, apunta a que se sincere la denominada tarifa interna del sistema, en virtud de la cual el Ministerio de Transportes asigna unilateralmente un pago mínimo por cada pasajero transportado.
Este, según datos de la causa, no se actualiza hace al menos cinco años, generado el consiguiente efecto financiero negativo al patrimonio del sector privado que se adjudicó legalmente esos servicios.
Pese a ello, supuestos vecinos y usuarios organizaron mediante las redes sociales diversas movilizaciones para terminar con los servicios, en los que incluso se llamó a quemar buses.
