La investigación por presuntas irregularidades en millonarias licitaciones de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) dio este jueves un salto de magnitud. La Fiscalía de Alta Complejidad Oriente y la Brigada Anticorrupción de la PDI desplegaron allanamientos simultáneos en dependencias de Junaeb, oficinas del Senado y otros inmuebles, en una causa que indaga eventuales delitos de cohecho, tráfico de influencias, fraude al Fisco y lavado de activos.
El foco está puesto en contratos del Programa de Alimentación Escolar (PAE), particularmente en adjudicaciones vinculadas a la empresa SOSER S.A. La investigación comenzó a partir de antecedentes sobre posibles irregularidades en la ejecución de estos contratos y posteriormente amplió su alcance hacia la eventual existencia de un mecanismo de corrupción que habría operado durante un período prolongado.
Entre las hipótesis que analiza el Ministerio Público aparecen la entrega de información reservada, intervenciones en decisiones administrativas y gestiones destinadas a favorecer determinadas licitaciones.
Las diligencias alcanzaron las oficinas de los senadores Sergio Gahona y Miguel Ángel Calisto, además de otros lugares relacionados con la investigación. También existen antecedentes que mencionan a exautoridades y otros parlamentarios dentro de la carpeta investigativa. Sin embargo, la aparición de un nombre en una investigación o el allanamiento de un inmueble no significa que exista responsabilidad penal acreditada ni que todas las personas mencionadas tengan la calidad de imputadas.
Allanamientos golpean al Congreso
El expediente tomó especial fuerza luego de que la revisión de teléfonos celulares incautados entregara, según antecedentes judiciales, información considerada relevante para los investigadores. La Fiscalía busca establecer si existieron pagos o beneficios a cambio de influir en procesos de contratación pública y si eventuales intervenciones políticas estuvieron relacionadas con decisiones administrativas de Junaeb.
El director nacional de Junaeb, Fernando Peña, reaccionó al operativo y pidió que la investigación permita terminar con prácticas que, según afirmó, han perjudicado a la institución. «Ojalá esto se aclare, se investigue, y que por favor se termine este círculo vicioso de años, de oscuridad y de cosas que le hacen daño a Junaeb», sostuvo. Peña agregó que desconocía «el detalle y la profundidad» de los vínculos de parlamentarios mencionados en la causa.
La dimensión política del caso es difícil de ignorar. La investigación no solo apunta a eventuales irregularidades en contratos destinados a entregar alimentación a estudiantes, sino que ahora llega directamente al Congreso. El Ministerio Público deberá determinar si detrás de las licitaciones existió una estructura organizada para manipular decisiones públicas o si los antecedentes terminarán apuntando a responsabilidades individuales y hechos aislados.
Por ahora, la causa sigue abierta y las diligencias continúan. Lo que está en juego no es menor: se trata de recursos públicos destinados a un programa que impacta directamente a miles de estudiantes. Por eso, el allanamiento de oficinas públicas y parlamentarias instala una pregunta inevitable: ¿quiénes intervinieron en estas decisiones y qué beneficios pudieron obtener a cambio? La Fiscalía tendrá ahora la tarea de responderla con pruebas y no con sospechas.
