Un drama dentro del drama. Cuando el fuego ya se había apagado y las cenizas aún humeaban en comunidades del Biobío y Ñuble, la solidaridad digital estalló en redes y se transformó en algo tan tangible como polémico: casas prefabricadas donadas por influencers y figuras de Internet que hoy están bajo la lupa porque podrían haberse levantado en terrenos no aptos e incluso peligrosos para las familias afectadas. Fuentes oficiales del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) advierten que estas soluciones habitacionales —gestionadas por terceros y no por el Estado— no han pasado las mismas verificaciones técnicas que exige la reconstrucción pública.
La escena, que en un comienzo era celebrada con likes y “corazones” en redes sociales, ahora exhibe un lado oscuro: la falta de control y fiscalización termina traduciéndose en un riesgo real para quienes ya lo han perdido todo. Senapred sostiene que solo las viviendas gestionadas dentro del Convenio Marco cuentan con garantías mínimas, y que todas las construidas e instaladas por influencers o grupos privados quedan fuera de esa red de seguridad técnica.
Casas donadas por influencers
Mientras la institucionalidad insiste en que la prioridad es la seguridad de las familias damnificadas, no falta la crítica política. Diputados como Roberto Arroyo y el electo Patricio Briones han emplazado al Gobierno del presidente Gabriel Boric por lentitud en la reconstrucción y falta de gestión clara, acusando que la improvisación ha abierto una puerta peligrosa a ayudas mal coordinadas y, potencialmente, a más tragedias humanas.
La historia de estas casas se enmarca también en un ambiente de reconstrucción lento y complejo: estadísticas oficiales estiman que la demanda de viviendas de emergencia puede alcanzar las 3.000 unidades en las zonas más golpeadas, una cifra que contrasta con la insuficiencia de soluciones seguras y rápidas sobre el terreno.
En paralelo, surgen tensiones sociales reales. Organizaciones civiles y vecinos han manifestado frustración porque la urgencia social se topa con la burocracia técnica, dejando a muchas familias en carpas o alojamientos temporales por semanas, incluso meses. Y mientras esto ocurre, proliferan donaciones sin control y proliferan dudas sobre si se está repitiendo un patrón de ayuda improvisada que, lejos de resolver, puede agravar la espiral de vulnerabilidad estructural que dejaron los incendios.
