Un drama dentro del drama. Cuando el fuego ya se había apagado y las cenizas aún humeaban en comunidades del Biobío y Ñuble, la solidaridad digital estalló en redes y se transformó en algo tan tangible como polémico: casas prefabricadas donadas por influencers y figuras de Internet que hoy están bajo la lupa porque podrían haberse levantado en terrenos no aptos e incluso peligrosos para las familias afectadas. Fuentes oficiales del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) advierten que estas soluciones habitacionales —gestionadas por terceros y no por el Estado— no han pasado las mismas verificaciones técnicas que exige la reconstrucción pública.
La escena, que en un comienzo era celebrada con likes y “corazones” en redes sociales, ahora exhibe un lado oscuro: la falta de control y fiscalización termina traduciéndose en un riesgo real para quienes ya lo han perdido todo. Senapred sostiene que solo las viviendas gestionadas dentro del Convenio Marco cuentan con garantías mínimas, y que todas las construidas e instaladas por influencers o grupos privados quedan fuera de esa red de seguridad técnica.
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Casas donadas por influencers
Mientras la institucionalidad insiste en que la prioridad es la seguridad de las familias damnificadas, no falta la crítica política. Diputados como Roberto Arroyo y el electo Patricio Briones han emplazado al Gobierno del presidente Gabriel Boric por lentitud en la reconstrucción y falta de gestión clara, acusando que la improvisación ha abierto una puerta peligrosa a ayudas mal coordinadas y, potencialmente, a más tragedias humanas.
La historia de estas casas se enmarca también en un ambiente de reconstrucción lento y complejo: estadísticas oficiales estiman que la demanda de viviendas de emergencia puede alcanzar las 3.000 unidades en las zonas más golpeadas, una cifra que contrasta con la insuficiencia de soluciones seguras y rápidas sobre el terreno.
En paralelo, surgen tensiones sociales reales. Organizaciones civiles y vecinos han manifestado frustración porque la urgencia social se topa con la burocracia técnica, dejando a muchas familias en carpas o alojamientos temporales por semanas, incluso meses. Y mientras esto ocurre, proliferan donaciones sin control y proliferan dudas sobre si se está repitiendo un patrón de ayuda improvisada que, lejos de resolver, puede agravar la espiral de vulnerabilidad estructural que dejaron los incendios.
