“Tenemos una confesión de que dineros provenientes de convenios que se adjudicó Procultura derivaron en otros fines. Específicamente, en financiamiento irregular de la campaña del actual Presidente de la República”. Así rezaba la segunda solicitud para intervenir el teléfono del mandatario, lo que recibió un nuevo portazo. Sin embargo, ahora se reveló un hecho que daría un giro a todo. El dato que derribaría sospecha sobre Boric en caso ProCultura.
Un nuevo antecedente podría debilitar una de las líneas de investigación del fiscal Patricio Cooper. Esto es sobre el supuesto financiamiento irregular de la campaña presidencial de Gabriel Boric en el Caso Procultura.
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Según un reportaje de Ciper, Cooper solicitó interceptar el teléfono del presidente, argumentando que fondos de convenios adjudicados a la fundación Procultura habrían terminado en su campaña. El fiscal habría basado esta solicitud en una escucha telefónica en la que una proveedora, identificada como Lucía, reclamaba el pago de una deuda, afirmando que el director de la fundación, Alberto Larraín, le dijo: “No, gasté esta plata en la campaña de Boric y no les voy a pagar ni ahora ni nunca”.
Sin embargo, el medio investigativo rastreó esos dineros y concluyó que no se trataría de fondos públicos, como inicialmente se pensó, sino de donaciones privadas de empresas como Anglo American, Minera Candelaria y Enel.
Además, Ciper identificó a la proveedora como Lucía Bustamante, dueña de la Productora Gráfica Andros, a quien la fundación le adeudaría 41,9 millones de pesos por trabajos de impresión. Hasta ahora, en la carpeta investigativa no existirían pruebas de que esos fondos se utilizaran en la campaña de Boric.
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