Con la vista de la justicia encima, a raíz de una caudalosa defraudación. Así vuelve a estar en el centro de la polémica. El millonario negocio familiar de los hermanos Lavín a partir de bases de datos.
El diputado Joaquín Lavín León (UDI) está en la mira de la Fiscalía Oriente, que solicitó su desafuero para formalizarlo por una serie de presuntas irregularidades que, en total, sumarían cerca de $200 millones defraudados al Fisco.
El documento, revelado por La Tercera, no solo detalla el rol del parlamentario como supuesto “alcalde en las sombras” durante la gestión de su esposa Cathy Barriga en Maipú, ni las facturas falsas que habrían permitido desviar fondos del Congreso.
También expone un negocio familiar supuestamente montado desde su oficina parlamentaria y financiado con dineros públicos.
Se trata de la plataforma “Socialtazk”, que Lavín justificó ante la Fiscalía como un servicio digital utilizado en su labor legislativa.
Pero el ente persecutor sostiene que el sistema, en realidad, escondía un emprendimiento en el que estaban involucrados sus hermanos Juan Pablo y María Estela Lavín León, vinculados a la empresa de estudios Panel Ciudadano.
Otros 70 personeros UDI involucrados
Entre 2020 y 2021, Lavín habría ofrecido los servicios de “Socialtazk” a más de 70 candidatos de la UDI en plena campaña electoral.
¿La oferta? Enviar mensajes masivos para hacer campaña.
¿El costo? No dinero, sino bases de datos con información personal de los vecinos de cada comuna.
Según la Fiscalía estos datos, entregados “en forma ilícita”, habrían sido recolectados por los propios candidatos en el ejercicio de sus cargos públicos.
Así, Lavín habría accedido a “información privada de millones de personas”, la que luego sería utilizada con fines comerciales por su entorno familiar.
Además, el diputado habría instruido a su equipo parlamentario para trabajar en horario laboral en este servicio, desviando recursos humanos y económicos del Congreso.
El monto de la supuesta defraudación por el uso de estos recursos bordea los $93 millones.
A ello se suman otros $100 millones por facturas ideológicamente falsas, elevando el perjuicio total a unos $200 millones, según sostiene el Ministerio Público.
