En medio de un complejo debate sobre la crisis habitacional en el norte, la Fiscalía de Iquique formalizó este martes al joven Franco Rossi Rodríguez, hijo del exsenador socialista Fulvio Rossi, por una estafa que hace eco de viejas advertencias ciudadanas sobre promesas de vivienda que nunca se concretaron.
La acción judicial, que incluye además a tres mujeres vinculadas al caso, detalla cómo decenas de familias fueron captadas con la promesa de acceso a soluciones habitacionales que jamás existieron.
Según la fiscalía, entre 2022 y 2023 Rossi y sus coimputadas convencieron a más de un centenar de personas a aportar sumas de dinero, entre mil y veinticinco mil pesos por persona, bajo la promesa de avanzar en trámites administrativos para obtener subsidios y viviendas sociales.
El mecanismo de captación operó principalmente a través de redes sociales —en especial Facebook— donde Rossi se presentó como “asesor legal” ofreciendo asesorías y convocando a la conformación de comités, entre ellos uno bautizado como “Akatsuki”, cuyos proyectos nunca pasaron de ser un espejismo.
Formalizan a Franco Rossi por millonaria estafa
La formalización ante el Tribunal de Garantía fue catalogada por el Ministerio Público como un fraude sistemático, con un perjuicio que supera los $145 millones de pesos, dinero que las familias afectadas entregaron con la ilusión de, por fin, acceder a una vivienda propia en Iquique. La investigación detalló que los dineros recaudados no se depositaron en cuentas institucionales ni se gestionaron trámites formales ante organismos públicos, sino que terminaron en cuentas personales de las coimputadas y en transferencias sin respaldo claro.
Lo que hace este caso particularmente sensible es el contexto previo: en septiembre de 2023 al menos 120 familias habían interpuesto una querella criminal acusando a Rossi de estafa por la supuesta venta de terrenos en playa Sarmenia y promesas de construcción de viviendas sociales que nunca se materializaron.
En esa ocasión, los denunciantes alertaron que los pagos —que rondaban los $1,2 millones por familia— respondían a un proyecto sin planos aprobados ni financiamiento claro, y con promesas de apoyo de “mineras y privados” que nunca existieron.
El arraigo nacional quedó decretado para los cuatro formalizados y el tribunal fijó un plazo de investigación de 120 días, mientras las familias damnificadas buscan respuestas y el sistema de justicia comienza a desentrañar un entramado que mezcla aspiraciones frustradas, confianza mal otorgada y la sombra del apellido político que, para muchos, facilitó la construcción de ese puente de ilusiones que hoy se desploma en los tribunales.
