La comediante y figura pública Natalia Valdebenito desató una tormenta política este fin de semana al vincular directamente al Gobierno del Presidente Gabriel Boric con lo que ella calificó como un “precedente horrible” para los derechos humanos en Chile. La chispa fue el fallo que absolvió al excarabinero Claudio Crespo, implicado en el disparo que dejó Gustavo Gatica ciego durante el estallido social de 2019, y que ha vuelto a encender el doloroso debate sobre justicia, impunidad y política criminal en el país.
En una intervención sin filtros en el programa “Revelados” de UChileTV, Valdebenito vinculó la decisión judicial con políticas impulsadas o toleradas por La Moneda, cuestionando el carácter progresista y garante de derechos del propio gobierno. “Creo que el Gobierno de Gabriel Boric entregó en bandeja este tipo de violaciones a los derechos humanos”, afirmó, con una mezcla de tristeza personal y descontento político que no dejó espacio para medias tintas.
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“Gobierno de Boric entregó justicia en bandeja”
La comediante no se quedó en la anécdota del caso: centró su dardo en la Ley Naín-Retamal, normativa que ha sido señalada por sectores críticos como un elemento que favorece interpretaciones que benefician a agentes del Estado en procedimientos de control de orden público. “Una piedra no es igual a un balín nunca, y esta ley lo único que hace es dejar impune a quienes tienen el poder de las armas”, sentenció con energía, poniendo el foco en lo que ella define como el corazón de un problema estructural: el peso de la fuerza por sobre los derechos de las víctimas.
Su declaración, lejos de quedar en la anécdota del espectáculo o la farándula, cruza la frontera del comentario cultural para entrar con fuerza en la arena política. Al enfatizar la figura de Gustavo Gatica como “un ser maravilloso que no merece esta injusticia”, Valdebenito dejó claro que detrás del humor y la indignación pública hay una lectura crítica de cómo el Ejecutivo —según ella— ha permitido un contexto legal y político que facilita la percepción de impunidad en hechos que marcaron profundamente la historia reciente del país.
Este tipo de intervenciones desde personalidades del mundo cultural y mediático —que no se alinean fácilmente con bloques tradicionales— pone presión sobre La Moneda en momentos en que la gestión de Boric está en evaluación constante tanto por su narrativa de derechos humanos como por las repercusiones políticas del caso judicial en cuestión. La crítica de Valdebenito no solo se suma al coro de voces que cuestionan la ley y sus efectos, sino que además exige a la política una reflexión más profunda sobre responsabilidad, heridas sociales y el rol del Estado frente a las demandas de justicia de las víctimas del 18-O.
