El hallazgo del cuerpo sin vida de José Ignacio Rodríguez Pulgar, joven de 28 años del espectro autista no verbal desaparecido en El Carmen desde el 8 de enero, no solo marca el cierre de una búsqueda de más de dos semanas, sino que también pone sobre la mesa un debate urgente sobre las políticas de protección, la respuesta institucional y la atención a personas con condiciones de vulnerabilidad en zonas rurales del país.
El cadáver fue encontrado a 800 metros del domicilio donde se hospedaba con su familia, en el sector rural de Maipo Bajo, luego de un extenso operativo que involucró a Carabineros, la PDI, equipos de rescate territorial y comunidad local. La Fiscalía de Ñuble confirmó que el cuerpo será analizado por el Servicio Médico Legal para determinar causa de muerte.
Lo que debería ser un punto final para una familia quebrada, se transforma en interrogantes: ¿por qué una desaparición que puso en alerta a decenas de voluntarios y fuerzas de orden no activó más temprano protocolos específicos de búsqueda para personas con discapacidad cognitiva?
Hallazgo fatal en Ñuble
¿Qué falló en los cruces de información entre policías, servicios de salud y organizaciones civiles para proteger a alguien que, según su entorno, no puede orientarse fácilmente en medio rural? Expertos en neurodiversidad han señalado que las estadísticas oficiales no reflejan las necesidades reales de acompañamiento en contextos de emergencia —pero la tragedia de José Ignacio ahora lo visibiliza dolorosamente.
Mientras familiares y la Asociación de Padres y Amigos de los Autistas (ASPAUT) lamentan la pérdida con mensajes de amor y gratitud, también llaman a evitar rumores y respetar la privacidad —sin que por ello se evapore el debate público sobre qué medidas preventivas y de apoyo deben implementarse para que tragedias así no se repitan. La comunidad local, que volcó esfuerzos en la búsqueda, también exige claridad sobre cómo se coordinaron las acciones entre instituciones en una etapa clave de la emergencia.
Esta muerte obligará a revisar no solo los protocolos de búsqueda y rescate en zonas rurales, sino también las brechas en la atención a personas con Trastorno del Espectro Autista en Chile, donde las redes de apoyo territorial y los mecanismos institucionales aún tropiezan con fragmentaciones y silencios.
