En julio de 2021, el aún activo pleno de la Convención Constitucional suscribió un declaración que exigía abordar la situación de los detenidos por participar en hechos de violencia en el marco del estallido social. En resumen, la declaración pedía que el Estado retirara las querellas por Ley de Seguridad del Estado y la «desmilitarización del wallmapu».
En ese entonces, el abogado y convencional Fernando Atria promovió con fuerza el texto de acuerdo, que fue aprobado por una abrumadora mayoría de 105 votos a favor, 34 en contra, y que luego fue puesto en los medios de comunicación como una especie de mandato del «poder constituyente».
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Anoche, el ex constituyente Fuad Chaín, criticó este hecho, afirmando que entre las querellas que la constituyente aprobó estaba justamente la relacionada con delitos por Ley de Seguridad del Estado contra Llaitul, que «justamente han permitido hoy día la captura de Héctor Llaitul».
«Justamente esa actitud, condescendiente con la violencia, con el terrorismo, con ese tipo de práctica, las mismas declaraciones con las que se pedía la libertad a los presos de la revuelta, es la que Fernando (Atria) firmó el 8 de julio», acusó Chahín en el programa Tú Decides de T13.
Frente a ello, consultado por EMOL, el ex convencional Fernando Atria aseguró que «esa declaración fue importante para que pudiera continuar el proceso constituyente y la convención», atribuyendo tal declaración a una prerrogativa por mandato de la Convención Constituyente, lo cual no es efectivo.
Según Atria, «la detención de Llaitul no es sólo por Ley de Seguridad del Estado, también es por hurto de madera y por usurpación, que son delitos comunes, por lo tanto no hubiera afectado el retiro de las querellas».
A su juicio, la Convención estuvo prácticamente obligada a suscribir y emitir tal declaración, «que se debió hacer, se debió proceder, permitió que la Convención avanzara y tuviera éxito en el cumplimiento de su mandato».
