Locatarios de bares, restaurantes y cafés de Viña del Mar han manifestado públicamente sus aprensiones y han solicitado a la alcaldesa Ripamonti y a los concejales que se postergue la entrada en vigor de la normativa.
La presidenta de la Asociación de Locatarios de Barrio Oriente, Claudia Suárez, expresó su inquietud por la «disyuntiva de tener que desmantelar nuestras terrazas y con ello perder las inversiones realizadas», o bien, exponerse a multas por no cumplir una norma que, asegura, sigue sujeta a cambios.
En diálogo con La Estrella de Valparaíso, Suárez calificó el costo de arriendo por metro cuadrado como una «tarifa brutalmente excesiva» y lamentó el caso del local Samoiedo, que debió cerrar su terraza afectado por la situación de violencia en calle Valparaíso.
Desde el Barrio Poniente, José Carmona, secretario de la Asociación Gastronómica y Cultural y locatario del restaurant Mil Amores, relató un caso emblemático de inversión perdida: Explicó que construyó una terraza de 14 millones pesos «siguiendo cada una de las instrucciones de la municipalidad», y ahora la nueva ordenanza implicaría demoler casi la mitad de lo construido.
«¿Y ese dinero quién nos lo devuelve? Porque no crece en los árboles. Son meses de trabajo para tirarlos a la basura«, cuestionó.
Carta a la alcaldesa
A través de una carta dirigida a la alcaldesa, agrupaciones de locatarios de diversos barrios comerciales de la comuna de la quinta región advirtieron que la implementación de la nueva ordenanza «ha generado una serie de efectos negativos que no sólo comprometen la estabilidad de los comercios gastronómicos y turísticos de nuestra comuna, sino que también afectan al entorno económico, laboral y urbano».
El documento, que fue constatado por El Mercurio de Valparaíso, habla de «incertidumbre jurídica» y «arbitrariedades en la fiscalización», proyectando el posible cierre de más negocios que se sumarían a los más de 200 que, según sus estadísticas, ya han cerrado en el último semestre.
Los firmantes de la misiva: «solicitan postergar la entrada en vigencia de la ordenanza y crear una mesa técnica representativa». Advierten también un impacto laboral debido a las exigencias de montaje y desmontaje diario, las cuales implican «esfuerzos físicos considerables, dificultando especialmente la contratación de mujeres, quienes se ven impedidas, por razones legales y prácticas, de cumplir tareas que implican levantar pesos que exceden los 20 kg».
