La violencia del narco dejó de ser un rumor de pasillos y se instaló —otra vez— en la primera línea política. La alcaldesa de Lo Espejo, Javiera Reyes, lanzó una denuncia que sacudió al mundo municipal: bandas vinculadas al narcotráfico habrían ofrecido $100 millones para pagar su asesinato. Una amenaza directa, brutal y sin eufemismos, que —según la propia autoridad— ya fue puesta en conocimiento del Ministerio Público.
La jefa comunal reveló que la información le llegó a través de vecinos y redes territoriales que alertaron sobre conversaciones y movimientos sospechosos. Lejos de bajarle el perfil, aseguró que los antecedentes fueron corroborados e incluso existirían personas identificadas en la investigación. No se trataría, por tanto, de un simple “comentario de barrio”, sino de un plan que estaría siendo seguido por la Fiscalía.
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Detrás de la amenaza —acusa— hay un motivo claro: la ofensiva municipal contra estructuras delictuales instaladas en la comuna. Demoliciones de inmuebles asociados al narco, recuperación de espacios tomados y acciones contra puntos de venta de droga habrían incomodado a las bandas. Entre los episodios más sensibles figura la intervención de recintos denunciados por vecinos como focos de criminalidad, lo que habría detonado la represalia.
El caso escaló rápidamente a nivel nacional. Desde el mundo municipal expresaron respaldo transversal y exigieron medidas de protección reforzadas, considerando además que la alcaldesa cuenta con resguardo policial permanente. La gravedad del amedrentamiento —propio de lógicas de sicariato— volvió a instalar una pregunta incómoda: cuánto territorio han ganado las bandas para atreverse a fijar precio por la cabeza de una autoridad electa.
Porque más allá del impacto mediático, el episodio expone una tensión de fondo: cuando los municipios avanzan sobre enclaves narco, la respuesta deja de ser política y pasa a ser criminal. Y en ese cruce peligroso —donde la seguridad local se juega cuerpo a cuerpo— la amenaza contra Reyes no solo apunta a una persona, sino a la frágil frontera entre Estado y territorio.
