La decisión del Gobierno de intervenir el Plan Nacional de Búsqueda —una de las políticas más simbólicas impulsadas durante la administración de Gabriel Boric— desató una tormenta política inmediata. Esta vez, no se trata de ajustes menores: la salida de figuras clave del programa encendió las alarmas en la oposición, que acusa un golpe directo a una política de Estado.
El Ejecutivo, encabezado por José Antonio Kast, decidió remover a la jefa del Programa de Derechos Humanos, junto a otras responsables estratégicas del plan, incluyendo áreas sensibles como archivos e investigación. Desde el Gobierno, la explicación fue técnica: “criterios de confianza y liderazgo”. Pero el argumento no convenció.
Oposición estalla contra Gobierno
El problema es otro. El Plan Nacional de Búsqueda no es cualquier programa: fue diseñado para esclarecer el destino de más de mil detenidos desaparecidos durante la dictadura, con el objetivo de consolidarse como una política permanente del Estado chileno. Por eso, tocar su estructura —aunque se prometa continuidad— no es un simple cambio administrativo. Es intervenir un símbolo.
Desde la oposición, la reacción fue inmediata y sin matices. Parlamentarios del Partido Socialista anunciaron que exigirán explicaciones formales, advirtiendo que el plan “no puede depender del gobierno de turno”. La crítica apunta al fondo: temen que el recambio de equipos termine ralentizando o debilitando una iniciativa que, hasta ahora, había sido presentada como un compromiso transversal del Estado con la verdad y la memoria.
Y ahí está el punto incómodo para el Gobierno. Porque aunque desde La Moneda insistan en que el plan seguirá adelante, la señal política es otra: se cambia a quienes lo ejecutan en uno de los temas más sensibles del país. En Chile, donde la memoria sigue siendo una herida abierta, los gestos pesan tanto como las decisiones. Y este, para muchos, no parece un gesto neutro… sino un retroceso.
