Alrededor del 10% del total de beneficiarios con pensiones de gracia por el estallido social tenía antecedente penales previos.
Así lo admitió el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, durante su asistencia a la comisión especial Investigadora de la Cámara de Diputados y Diputadas que indaga estos hechos.
Según estos datos, el total de personas que reciben beneficio económico por haber sido afectados por acción del Estado en el contexto del estallido social asciende a 418 individuos.
De ellos, 148 recibieron el beneficio durante la administración de Sebastián Piñera en 2022 y otras 270 personas lo recibieron bajo el gobierno de Gabriel Boric.
Pensiones de Gracia a sujetos con antecedentes
Según detalló el subsecretario Monsalve 40 individuos, es decir alrededor de 10% de los beneficiados, contaba con antecedentes penales.
Si bien el subsecretario del Interior precisó que se trata de «antecedentes antiguos y por delitos menores», el hecho impactó a los parlamentarios.
Elo, pues es la primera vez que el Ejecutivo transparenta la cifra de individuos con antecedentes penales que cuenta con el beneficio de la pensión de Gracia.
Entre los beneficiarios se distinguen tres grupos, en que por ejemplo quienes recibieron «lesiones leves y/o agresiones físicas».
Este grupo también lo componen quienes declararon haber sido «víctimas de encierro o sacudidas que pueden causar daño físico» y son 39 casos, que reciben alrededor de $283.619.
El segundo grupo, de 221 casos, lo componen quienes sufrieron lesiones graves y personas con afectación psicológica, que reciben mensualmente $425.428.
En tanto que el tercer grupo lo componen 158 personas.
Ello, por ser herederos de fallecidos y personas con lesiones gravísimas (como el trauma ocular), violación sexual, etc.
Este tercer grupo recibe mensualmente un aporte fiscal superior a los 567 mil pesos.
Reglamento de las pensiones
Ante los cuestionamientos de los parlamentarios, el subsecretario Manuel Monsalve aseguró que «se respetó rigurosamente el reglamento que establecía el procedimiento».
La autoridad hizo hincapié en que «ninguno de los acápites de ese reglamento se considera como requisito solicitar los antecedentes penales».
Vea aquí la presentación del Ministerio del Interior
