No pasó desapercibido. En medio del estreno del nuevo gabinete, la declaración de patrimonio de la vocera Mara Sedini abrió un flanco incómodo: cifras millonarias, participación en sociedades y un nivel de endeudamiento que supera los $224 millones. Transparencia obligatoria, sí. Pero también una radiografía que instala preguntas políticas inevitables.
El documento revela una estructura patrimonial compleja. Sedini informó la posesión de siete bienes inmuebles, distribuidos principalmente en la Región Metropolitana, algunos de ellos bajo modalidad de copropiedad. En paralelo, registra participación en una sociedad de inversión valorizada en cerca de $963 millones, lo que configura un perfil económico más sofisticado que el de una simple figura pública emergente.
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Propiedades millonarias y deudas
Pero el dato que tensiona el relato es otro: las deudas. La ministra declaró pasivos por más de $224 millones, incluyendo un crédito hipotecario y obligaciones con una sociedad vinculada a su entorno. Una cifra que no solo llama la atención por su magnitud, sino porque convive con un patrimonio inmobiliario que, en algunos casos, alcanza avalúos que rozan los $2.900 millones en conjunto, aunque con participación parcial en varias de esas propiedades.
El punto de fondo no es contable, es político. Porque más allá de la legalidad —no cuestionada—, el contraste entre activos millonarios y deudas abultadas vuelve a instalar la discusión sobre quiénes están tomando decisiones en el Estado. ¿Es esta la nueva élite política? ¿O simplemente la evidencia de que el poder sigue orbitando en círculos con alto capital económico?
Así, el caso de Sedini no es una excepción, sino una señal. Una que confirma que la transparencia, aunque necesaria, no siempre juega a favor de la narrativa. A veces, la expone. Y cuando eso ocurre, los números dejan de ser fríos: empiezan a hablar.
