En un momento que rápidamente se viralizó y encendió debates en redes y pasillos políticos, el académico Daniel Mansuy interpeló en vivo al Presidente Gabriel Boric, cuestionando su manejo retórico del reciente veredicto absolutorio en el caso Gustavo Gatica y la percepción pública sobre Carabineros. Lo que para muchos fue un intercambio más, para otros marcó una fractura no sólo comunicacional, sino de fondo, en la narrativa que el Gobierno intenta consolidar frente a la ciudadanía sobre crimen, justicia y fuerzas de orden.
La escena tuvo lugar en el programa Tolerancia Cero de CNN Chile, donde Boric defendía la postura del Ejecutivo sobre el fallo que absolvió al exteniente Claudio Crespo en el juicio por las lesiones gravísimas sufridas por el hoy diputado electo Gustavo Gatica. El mandatario reiteró su “convicción moral” de que hubo responsabilidad del exoficial en la pérdida de la vista de Gatica, aunque reconoció que son los tribunales quienes deben calificar los hechos.
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Tenso cruce entre Boric y académico Mansuy
Fue entonces cuando Mansuy, con tono cortante, le respondió citando directamente el veredicto reciente: “Usted habla de crimen contra Gustavo Gatica, pero eso es precisamente lo que la justicia acaba de decir que no hay”, dijo el académico, poniendo en jaque la argumentación presidencial. La intervención fue más allá de una crítica académica: fue un señalamiento frontal sobre la tensión entre la interpretación política de un hecho y la resolución judicial que lo contradice.
Mansuy no se quedó ahí: aludió a otros episodios conflictivos, como los fallos de tribunales en casos sensibles como Pio Nono o Panguipulli, donde iniciales imputaciones a uniformados terminaron en absoluciones. Con ello, cuestionó la “prisa moral” del Gobierno por calificar hechos sin esperar la estrictez del proceso jurídico, y llamó a Boric a “ser más prudente” en sus declaraciones públicas en materia de seguridad y justicia.
La réplica de Boric intentó rescatar un equilibrio: el Presidente insistió en su respaldo a las instituciones y en que ninguna norma gubernamental busca “garantizar impunidad” para delitos aberrantes, aun cuando el veredicto haya favorecido al acusado. Este cruce desnuda las dificultades actuales del Ejecutivo para conciliar discursos políticos de condena ética con decisiones judiciales adversas, un escollo que alimenta tanto a sus detractores como a sectores críticos de la gestión actual.
