El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) anunció este martes que expropiará 100 de las 215 hectáreas que componen la Megatoma de San Antonio —ubicada en el Cerro Centinela— con el fin de construir un proyecto habitacional dirigido a las más de 10.000 personas que viven allí.
La decisión llega en medio del vencimiento inminente del plazo judicial fijado por la Corte de Apelaciones de Valparaíso —programado para este jueves 4 de diciembre—, que exigía al Estado confeccionar albergues temporales para los ocupantes ante el desalojo.
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Después de un fracasado proceso de negociación con los propietarios del terreno, la expropiación se impuso como la vía —hasta ahora— inevitable.
Expropiación express en San Antonio
Hasta hace unos meses, hubo intentos de regularizar la situación mediante una compraventa, por lo que el desalojo —fijado para febrero pasado— fue postergado. Pero esas negociaciones terminaron en rotundo fracaso.
El gobierno admitió que los propietarios exigían precios insostenibles, lo que encarecía la solución definitiva. Frente al desgaste y la urgencia social, el Minvu recurrió a facultades legales que le permiten expropiar cuando hay un interés público claro, en este caso vivienda para miles de familias.
Según las primeras cifras oficiales, la expropiación beneficiará inicialmente a 40 comités de vivienda —aproximadamente 3.700 familias—, quedando fuera unas 400. El terreno será adquirido por el Estado a un precio tasado: 0,23 UF por metro cuadrado, la mitad de lo que pedían los propietarios (0,44 UF/m²).
¿Solución real o parche político?
Para muchos habitantes de la toma, la medida representa un alivio urgente —y largamente esperado— tras años de incertidumbre. Pero también despierta suspicacias: expropiar cuando ya hay miles de personas viviendo allí planta la duda sobre si esta será una solución duradera o apenas una maniobra para evitar el colapso social.
Organizaciones de derechos humanos ya habían expresado su “extrema preocupación” por un desalojo masivo, advirtiendo que, sin garantías reales, podría desencadenarse una crisis humanitaria.
Por ahora, el gobierno afirma que el plan se financiará con recursos destinados a asentamientos precarios del presupuesto 2025.
Pero el reloj sigue corriendo: la alerta se encendió y solo la ciudadanía, fiscalización y seguimiento real podrán definir si esta expropiación se convierte en una solución de fondo o en un nuevo parche sobre desigualdades permanentes.
