Lejos de terminar, el caso Democracia Viva sigue sumando más antecedentes. Esto, nace a raíz de que salieran a la luz tres millonarios convenios firmados entre el Minvu y la fundación.
Recordemos que la Seremi de Vivienda de Antofagasta entregó $426 millones a esta entidad en la que está involucrado la pareja de la diputada Catalina Pérez (RD).
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Todo esto ahora está siendo investigado por la Fiscalía por los presuntos delitos de tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y fraude al fisco.
Sigue sumando más antecedentes
En Radio Bío Bío consultaron al Servicio de Impuestos Internos (SII) sobre la situación tributaria de Democracia Viva.
El medio pudo establecer que la fundación recién amplió su giro a construcción de proyectos de servicios públicos el 21 de noviembre de 2022.
Por lo que para esa fecha, ya se habían suscrito dos de los tres convenios con el Minvu.
Uno de ellos, era para la ejecución de proyectos de habitabilidad primaria en el campamento Ecuachilepe ($200 millones). Otro, para el campamento Irarrázaval Etapa I ($170 millones).
En ambos documentos que fueron firmados el 3 y 27 de octubre respectivamente, se encomendaba a Democracia Viva la instalación de luminarias, contenedores de basura, extintores y otras mejoras a los espacios comunitarios.
Pero hubo luego otro convenio, suscrito el 29 de noviembre, cuando la fundación ya tenía el giro de construcción de proyectos de servicios públicos.
Montes respalda a subsecretaria
El ministro de Vivienda, Carlos Montes, llamó a esperar la investigación de la Fiscalía para determinar si hubo o no delitos.
“Dejen que funcionen las instituciones. Hay antecedentes que indican que hay delito, pero nosotros no somos quienes califican eso”, señaló.
Dejó en claro que Democracia Viva debe devolver el dinero que aún no haya ejecutado, lo que ascendería a un total de $228 millones.
De igual modo, respaldó a la subsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas, una de las primeras autoridades en recibir acusaciones por una incorrecta utilización de estos recursos en mayo pasado.
Ante presiones de la oposición que piden su renuncia, Montes aseguró que “cuenta con nuestra confianza plena”.
