Un episodio de extrema violencia sacudió al Centro de Justicia de Santiago. Un imputado que acababa de participar en una audiencia de control de detención terminó protagonizando un ataque contra la misma abogada que debía representarlo: su defensora penal pública. La agresión fue tan grave que cuatro funcionarios de Gendarmería debieron intervenir para evitar que continuara.
Según los antecedentes expuestos por la Fiscalía Centro Norte, el hombre se abalanzó sobre la profesional cuando finalizaba la audiencia y utilizó un lápiz para atacarla directamente en el cuello. Pero no se detuvo ahí: posteriormente habría empleado la cadena de los grilletes que llevaba puestos para continuar agrediéndola.
La descripción del Ministerio Público es categórica. “El imputado atacó a la víctima con un lápiz en el cuello y luego con la cadena de los grilletes que tenía puestos”, informó la Fiscalía. La intervención de los cuatro gendarmes que se encontraban en la sala permitió reducir al sujeto y controlar la situación antes de que el ataque escalara.
Ataque en el Centro de Justicia
El caso abrió una nueva investigación penal. Este lunes 2 de noviembre, la Fiscalía formalizó al imputado por homicidio frustrado y solicitó que permaneciera privado de libertad, argumentando que su eventual libertad representaba un peligro tanto para la víctima como para la seguridad de la sociedad. El tribunal acogió la petición y decretó su prisión preventiva.
Más allá de la gravedad del hecho, el episodio vuelve a poner bajo presión las condiciones de seguridad dentro de los tribunales. Los defensores penales públicos deben mantener contacto directo con sus representados, incluso cuando estos se encuentran bajo custodia. Esa labor, indispensable para garantizar el derecho a defensa, también puede exponerlos a situaciones de violencia que requieren protocolos y resguardos efectivos.
La agresión tampoco es un asunto menor para el sistema judicial: ocurrió dentro de un recinto destinado precisamente a administrar justicia y frente a funcionarios encargados de mantener el orden. La rápida reacción de Gendarmería evitó consecuencias potencialmente más graves, pero el incidente deja preguntas sobre las medidas preventivas disponibles para proteger a quienes trabajan en las audiencias.
Por ahora, el imputado permanecerá en prisión preventiva mientras avanza la investigación. Su responsabilidad penal deberá ser determinada por los tribunales, pero los antecedentes conocidos ya instalaron una preocupación urgente: la seguridad de los profesionales que deben ejercer la defensa incluso frente a personas que, en medio de un proceso judicial, pueden convertirse en una amenaza.
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