Un procedimiento policial que debía limitarse a controlar el cumplimiento de una medida judicial terminó convertido en una investigación penal contra el propio uniformado. Un cabo primero de Carabineros será formalizado por cohecho tras ser acusado de solicitarle $20 millones a Camila Polizzi, mientras fiscalizaba el arresto domiciliario total que ella cumplía por el denominado Caso Convenios.
El episodio ocurrió el 3 de diciembre de 2024, cuando el funcionario Juan Arturo Retamal Jara pertenecía a la Primera Comisaría de Concepción y tenía entre sus responsabilidades verificar que Polizzi respetara la medida cautelar impuesta por la justicia. Según los antecedentes difundidos por medios regionales, durante una de esas visitas el uniformado le habría pedido el dinero como préstamo, argumentando que necesitaba pagar deudas personales.
La situación fue denunciada y dio origen a una investigación del Ministerio Público. Después de cerca de dos años de diligencias, la Fiscalía resolvió avanzar hacia la formalización, al estimar que existen antecedentes suficientes para comunicar los cargos ante un tribunal. El caso reviste especial gravedad porque la solicitud habría ocurrido mientras el funcionario ejercía una labor oficial de fiscalización sobre una persona sometida a una resolución judicial.
Fiscalía apunta a la gravedad del caso y solicitará medidas cautelares
El fiscal Julián Muñoz, a cargo de la investigación, confirmó que el Ministerio Público considera que existen elementos para imputar el delito de cohecho al funcionario policial.
“Estos hechos, evidentemente, revisten una gravedad que se traduce en que el Ministerio Público, una vez que ha agotado la investigación en esta primera etapa, estima que existen elementos de juicio suficientes como para llevar a esta persona, a este funcionario ante un tribunal de la República”, señaló el persecutor.
Muñoz agregó que la Fiscalía solicitará medidas cautelares acordes con la naturaleza y gravedad de los antecedentes. La audiencia de formalización fue programada para el 5 de enero de 2027 en el Juzgado de Garantía de Concepción, instancia en la que se comunicarán formalmente los hechos atribuidos al carabinero y se debatirán las medidas que podrían imponerse mientras continúa el procedimiento.
Pero hay un elemento que agrega presión al caso: Retamal Jara continúa perteneciendo a Carabineros. Aunque tras conocerse los hechos se abrió un procedimiento administrativo, el funcionario actualmente se desempeña en la Tercera Comisaría de Lota. Su permanencia en la institución vuelve a poner bajo escrutinio los mecanismos internos para abordar eventuales faltas a la probidad de quienes deben hacer cumplir la ley.
La investigación no implica que el funcionario haya sido declarado culpable. Será la justicia la encargada de examinar los antecedentes, escuchar a las partes y determinar si se configura el delito imputado. Sin embargo, la sola existencia de una denuncia de estas características resulta especialmente delicada cuando involucra a un agente que tenía la responsabilidad de controlar una medida cautelar.
