Una resolución judicial que promete mantener abierto el debate sobre la respuesta del sistema penal frente a los delitos sexuales contra menores sacudió a Punta Arenas. El Tribunal Oral en lo Penal absolvió a un ciudadano dominicano de 29 años acusado de violar a una adolescente menor de 14 años, decisión que le permitió recuperar la libertad después de permanecer aproximadamente diez meses en prisión preventiva.
El caso se remonta a fines de 2025, cuando se presentó la denuncia que dio origen a la investigación. De acuerdo con los antecedentes publicados por La Cuarta, el acusado, identificado como Braulio Pérez Cabrera, habría contactado a la adolescente mediante una aplicación y posteriormente ambos habrían mantenido conversaciones por WhatsApp antes de concretar un encuentro. La investigación quedó en manos de la Brigada de Delitos Sexuales de la Policía de Investigaciones.
Uno de los elementos que formaron parte de los antecedentes fue el intercambio de mensajes entre ambos. Según lo informado por medios regionales, en esas conversaciones la adolescente habría comunicado su edad. Sin embargo, la existencia de chats y testimonios no bastó, a juicio del tribunal, para acreditar todos los elementos del delito de violación descrito por la Fiscalía.
La resolución sostuvo que las pruebas testimoniales, periciales y otros antecedentes no permitieron demostrar suficientemente el uso de la fuerza necesario para establecer el delito en los términos planteados en la acusación. Este punto fue central para el desenlace judicial y explica por qué el tribunal optó por absolver al imputado, pese a la gravedad de los hechos denunciados.
Fiscalía no se conforma y prepara recurso de nulidad
El fiscal Fernando Dobson anunció que el Ministerio Público recurrirá de nulidad para intentar revertir el resultado del juicio. La decisión abre una nueva etapa en el caso, pues será necesario examinar los fundamentos de la sentencia y determinar si existen razones jurídicas para solicitar que el proceso sea revisado.
Desde la defensa, el abogado Pablo Santander Severino manifestó conformidad con el veredicto. Según sus declaraciones, el análisis de las conversaciones entre el acusado y la adolescente respaldaría su postura respecto del consentimiento. Esa interpretación corresponde a la posición de la defensa y no debe confundirse con una conclusión general sobre la validez de una denuncia ni sobre otros elementos de la causa.
El contraste entre ambas posiciones deja en evidencia el punto central de la disputa: mientras la Fiscalía sostiene que existen razones para insistir en la culpabilidad del acusado, la defensa considera que la prueba no permitió acreditar el delito imputado. Será la revisión judicial que corresponda la que determine si la sentencia se mantiene o si debe realizarse un nuevo juicio.
El acusado había sido formalizado en diciembre de 2025 y permaneció en prisión preventiva durante el desarrollo de la causa. La información publicada señala además que se encontraba en situación migratoria irregular en Chile, un antecedente administrativo que no constituye por sí mismo prueba de responsabilidad penal ni determina el resultado del proceso.
La absolución tampoco significa que el tribunal haya establecido que la denuncia fue falsa. Significa que, con la prueba rendida y bajo los estándares exigidos en materia penal, no se acreditó el delito en los términos planteados por la acusación. Esa diferencia es fundamental para comprender el alcance de la decisión y evitar conclusiones que excedan lo resuelto.
El caso seguirá bajo atención mientras se define el recurso anunciado por el Ministerio Público. En una causa que involucra a una persona menor de edad, la discusión judicial exige especial rigor: proteger los derechos de la adolescente, respetar las garantías del acusado y evaluar las pruebas sin anticipar responsabilidades ni desacreditar a quien denuncia.
