Un grave caso sacude al Centro de Cumplimiento Juvenil de Río de los Ciervos, en Punta Arenas. Una funcionaria de 32 años quedó en prisión preventiva luego de ser formalizada por el delito de abuso sexual con circunstancia de estupro, tras un episodio ocurrido al interior del recinto donde cumplen sanciones adolescentes.
Los hechos se habrían registrado durante la tarde del lunes 19 de octubre, cuando otras trabajadoras del establecimiento descubrieron a la tutora junto a un interno de 17 años. La situación fue denunciada y derivó en la intervención de la Policía de Investigaciones (PDI), cuyos detectives de la Brigada de Delitos Sexuales realizaron diligencias para esclarecer lo sucedido.
El fiscal Oliver Rammsy confirmó la gravedad de los antecedentes expuestos durante el procedimiento. “Una tutora del centro fue sorprendida por compañeras, por sus colegas, manteniendo relaciones sexuales con un interno, un joven que está cumpliendo condena”, señaló el persecutor, de acuerdo con los antecedentes difundidos por medios regionales.
Uno de los elementos que genera mayores cuestionamientos es que, según la Fiscalía, la funcionaria ya había recibido advertencias por su comportamiento y por la necesidad de mantener límites claros con los adolescentes bajo su responsabilidad. Rammsy afirmó que se le había indicado reiteradamente que debía conservar “cierto decoro, cierta distancia y cierto comportamiento adecuado en su rol de tutora, de custodia, de jóvenes adolescentes”.
La situación abre interrogantes sobre los mecanismos de supervisión dentro de los centros de internación juvenil. En espacios donde el Estado mantiene a adolescentes bajo custodia, los límites profesionales no son una formalidad: constituyen una obligación fundamental para prevenir abusos, evitar relaciones impropias y resguardar los derechos de quienes se encuentran en una posición de especial vulnerabilidad.
Funcionaria de centro juvenil queda en prisión
Tras la formalización, el tribunal acogió la solicitud de la Fiscalía y decretó la prisión preventiva de la imputada mientras se desarrolla la investigación. El plazo fijado para reunir antecedentes es de 40 días. En paralelo, el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil suspendió a la trabajadora de sus funciones y activó procedimientos administrativos para determinar eventuales responsabilidades.
Sin embargo, la defensa de la funcionaria planteó una versión distinta de lo ocurrido. Según información publicada posteriormente por La Cuarta, la imputada sostuvo que habría sido ella quien sufrió una agresión por parte del adolescente. Esa declaración forma parte de la controversia que deberá esclarecerse durante la investigación y no altera, por sí sola, la medida cautelar decretada por el tribunal.
El caso exige una investigación rigurosa que permita determinar las circunstancias exactas del episodio y establecer las responsabilidades que correspondan. La prisión preventiva no equivale a una condena, y tanto la versión de la Fiscalía como los antecedentes presentados por la defensa deben ser examinados conforme al debido proceso.
Más allá de las versiones contrapuestas, el episodio vuelve a poner bajo escrutinio los protocolos de protección y supervisión en los centros juveniles. La obligación de las instituciones es garantizar la integridad de los adolescentes, investigar cualquier posible vulneración y actuar oportunamente ante señales de alerta. La justicia deberá esclarecer lo ocurrido; el sistema, entretanto, debe demostrar que sus mecanismos de control funcionan.
