La polémica por las rebajas de condenas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes escaló a un nuevo nivel luego de que el ministro de Justicia, Fernando Rabat, abordara el tema en una entrevista con Meganoticias. La respuesta que entregó ante las preguntas de Constanza Santa María instaló una inquietante realidad: la mayoría de los 56 beneficiados ya habría recuperado su libertad.
La pregunta de la periodista fue directa: “¿Cuántos de los 56 ya salieron en libertad gracias a la rebaja?”. La respuesta de Rabat sorprendió en el estudio: “La gran mayoría tiene que haber salido, Constanza…”. Santa María insistió entonces en las consecuencias de esa afirmación: “O sea, ¿la gran mayoría está en la calle? Estamos hablando de condenados por abuso sexual, por violaciones de niños… ¿están en la calle hoy día libres?”.
El ministro defendió el mecanismo aplicado y explicó que, cuando una comisión integrada por autoridades judiciales y administrativas califica como sobresaliente la conducta de una persona privada de libertad, la rebaja de condena puede producir su salida anticipada. Sin embargo, el debate no se limita a la existencia de un beneficio penitenciario: también apunta a los criterios utilizados por el Ministerio de Justicia y a la forma en que se adoptaron las decisiones.
Rebaja de condenas a agresores sexuales
Uno de los aspectos más delicados es la situación de las víctimas. Durante la controversia, Rabat reconoció que no fueron notificadas de las rebajas, argumentando que la legislación vigente no establece esa obligación en el procedimiento aplicado. La explicación abre una pregunta de fondo: ¿cómo puede avanzar una decisión con consecuencias tan relevantes sin que las personas afectadas sean informadas oportunamente?
La controversia también tiene una dimensión política y jurídica. El Gobierno ha defendido que las decisiones responden a criterios establecidos por la Corte Suprema y a la interpretación de las normas aplicables a hechos ocurridos antes de los cambios legales de 2022. No obstante, las rebajas otorgadas a 56 condenados han provocado cuestionamientos desde distintos sectores y reactivado la discusión sobre los límites de estos beneficios.
En medio de las críticas, Rabat ha sostenido que corresponde modificar la legislación para evitar que situaciones similares vuelvan a producirse. El Ejecutivo anunció medidas para impulsar cambios legales y, este viernes 23 de octubre, informó la suspensión de la tramitación de decretos relacionados con estas rebajas. La decisión busca contener una controversia que ya golpea al Ministerio y exige explicaciones más precisas sobre el alcance de las resoluciones.
